A más de dos años de su promulgación, el Gobierno dio un nuevo paso para poner en marcha la denominada "Ley Uber". El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó a la Contraloría General de la República un reglamento corregido de la Ley 21.553, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), con el objetivo de destrabar su implementación.
La normativa, publicada en abril de 2023, no ha podido aplicarse en la práctica debido a la falta de este instrumento, lo que ha mantenido a conductores y usuarios en un escenario de incertidumbre jurídica.
Más flexibilidad: cambios en antigüedad de vehículos
Uno de los ajustes más relevantes apunta a reducir las barreras de entrada. Según consignó El Mercurio, el nuevo reglamento amplía la antigüedad permitida para los vehículos: podrán tener hasta cinco años al momento de incorporarse a la plataforma, plazo que se extiende a siete años en regiones extremas.
Además, los autos en operación podrán mantenerse hasta cumplir 15 años, modificación que busca facilitar la continuidad laboral de los conductores.
Menos requisitos y fin al congelamiento de cupos
El Ejecutivo también eliminó exigencias como la cilindrada mínima de los vehículos y redujo la carga administrativa para conductores y empresas, suprimiendo documentos que el propio Estado puede obtener de sus registros.
En paralelo, se introdujeron mejoras operativas, como una mayor flexibilidad para el reemplazo de vehículos y el aumento en la frecuencia de publicación de cupos disponibles, que ahora será cada 10 días.
Otro cambio clave es el fin del congelamiento de cupos, mecanismo que había sido cuestionado por la industria por limitar la capacidad de adaptación a la demanda.
Gobierno defiende cambios: foco en empleo y calidad del servicio
Desde el Ejecutivo defendieron la flexibilización del reglamento. El ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró que la versión anterior "pegaba muy negativamente en el empleo", incluso con un impacto estimado de hasta 85%, según consignó Radio Biobío.
"La idea es mejorar la calidad del servicio y, por otra parte, favorecer el empleo", sostuvo la autoridad.
La relevancia del sector no es menor: de acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), citadas por el gremio Alianza In, las plataformas de transporte generaron más de 125 mil empleos formales en 2025.
Debate político y rol de Contraloría
Los cambios también reactivaron el debate político. Mientras desde el oficialismo valoraron los ajustes, advirtiendo que se mantendrá la fiscalización, desde la oposición surgieron cuestionamientos por el impacto en la seguridad del servicio.
En paralelo, el reglamento deberá ser revisado por la Contraloría, organismo que tendrá un rol clave en la definición final para la entrada en vigencia de la ley.
Con este nuevo intento, el Gobierno busca cerrar un proceso que se ha extendido por años, en medio de tensiones entre flexibilidad, empleo y regulación del transporte de pasajeros.
