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Estudiante deudor de arancel demanda a universidad por quitarle sus credenciales como "castigo" de cobranza

El objetivo de la acción judicial es que la universidad responda económicamente por el daño moral causado, el constante hostigamiento telefónico por parte de agencias de cobranza externas y el abuso de poder institucional.

24horas.cl

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Viernes 21 de agosto de 2026

Un estudiante de la carrera de Periodismo decidió recurrir a los tribunales contra la Universidad Gabriela Mistral (UGM), acusando a la casa de estudios de aplicar bloqueos arbitrarios y un acoso sistemático por motivos de cobranza.

El caso ha cobrado relevancia pública al tratarse de un plantel que opera bajo el mismo grupo controlador asociado a la Universidad San Sebastián (USS), lo que vuelve a poner bajo la lupa los métodos de presión utilizados por estas redes de educación privada.

Según la denuncia, el estudiante fue víctima de un "apagón digital": la universidad le cortó de golpe el acceso a todas sus herramientas y plataformas académicas. Esta drástica medida, calificada en la acción judicial como un castigo "de facto", se ejecutó sin que existiera un sumario previo, una resolución formal o la posibilidad de un debido proceso.

Freno a los castigos fuera de la ley

La defensa del alumno argumenta que la universidad actuó al margen de sus propios reglamentos, tomando medidas por mano propia. Por ello, solicitaron a la Corte de Apelaciones una medida de urgencia (Orden de No Innovar) para obligar a la UGM a restituir los accesos digitales del estudiante de forma inmediata.

A la par, el caso abre la puerta a una demanda civil por indemnización de perjuicios. El objetivo es que la universidad responda económicamente por el daño moral causado, el constante hostigamiento telefónico por parte de agencias de cobranza externas y el abuso de poder institucional.

Esta estrategia judicial se apoya en recientes fallos de los tribunales superiores chilenos, los cuales han frenado cobros abusivos y han exigido que las instituciones no utilicen el bloqueo de servicios como mecanismo de apremio.

En definitiva, este conflicto expone la vulnerabilidad de los universitarios frente a grandes holdings educacionales que, escudados en su posición de poder, aplican presiones unilaterales que vulneran garantías constitucionales básicas.

NOTA: ESTE ES UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO Y NO SE HAN DICTADO SENTENCIAS DE PARTE DEL PODER JUDICIAL