En conversación con 24 Horas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la controversia por quién se lleva el crédito por los avances en materia de combate contra la delincuencia, que tuvo esta semana como punto de mayor debate las declaraciones de Camila Vallejo, quien se refirió a la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast como la "gran estafa".
Al respecto, el secretario de Estado habló de "críticias infundadas" y destacó que esta labor va más allá de la administración de turno, aunque destacó las materias que lidera.
"Son fruto de cierta base que existe en el país y también de cosas que se están haciendo ahora con mucho mayor intensidad", expuso.
En la entrevista además abordó la contingencia en materia de orden público tras registrarse un fatal robo con homicidio en la comuna de Huechuraba.
Respuesta al gobierno anterior
"Hay que distinguir entre la Política Nacional, que por ley dura 6 años, que efectivamente fue realizada a fines del gobierno anterior cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública en la Ley 21.730. Lo que nosotros hemos señalado es que esa política nacional, que dura 6 años y que quedó hecha en el gobierno anterior, es muy amplia e insuficiente para implementar el plan operativo de seguridad pública que nosotros hemos dado a conocer y expusimos en el Congreso, que es propio de este gobierno", aseguró el titular de Seguridad.
En ese sentido, aseguró que hay un plan "muy concreto" con ejes enfocados en control fronterizo, cárceles, control territorial, mejorar la gestión de las policías y otros con cerca de 60 medidas: "Eso es lo que se comprometió en campaña, lo que se está implementando y operando hoy día".
"Por lo tanto, cuando hay críticas de ese tipo, es que efectivamente las consideramos infundadas y por eso este plan se ha dado a conocer y se está hoy día implementando", enfatizó.
Además, el ministro aseguró que dichas acciones "son el trabajo de decenas de miles de carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Policía Marítima, Ministerio Público, alcaldes. Por eso es que en la gestión de instituciones nosotros no creemos en la refundación".
"Reconocemos cosas positivas como, por ejemplo, la creación de este ministerio con esta ley que le da amplias facultades y la definición de ciertos focos. Pero nosotros estamos poniendo ciertos énfasis, acelerando en ciertas materias, aumentando presupuestos. Y estas cifras que esperamos mejoren de manera que se quiebren algunas tendencias son fruto de cierta base que existe en nuestro país, de ciertas instituciones sólidas que hay que potenciar", agregó.
"Los últimos gobiernos han prometido más carabineros y no se ha podido lograr. En los últimos 6 años tenemos menos 4.000 carabineros en funciones operativas en la calle. Y esto se revierte con varias cosas. Lo primero es mejorar las condiciones laborales, partiendo por los estudiantes", puntualizó.
Investigación y diligencias por casos de delincuencia
Consultado sobre el crimen de un joven de 23 años que intentó defender a su familia durante un asalto, el secretario de Estado expresó sus condolencias a los afectados. Arrau confirmó que la Fiscalía ya instruyó las primeras pericias a las policías para dar con el paradero de los responsables.
Ante la ocurrencia de hechos violentos en el radio urbano, la autoridad respondió respecto a la efectividad de las medidas preventivas y el impacto de los indicadores delictivos.
El secretario de Estado sostuvo que las estadísticas muestran una baja del 17% en homicidios y un descenso del 20% en robos violentos en la Región Metropolitana, aunque enfatizó que "son buenas cifras, sí, pero nos queda un largo camino. Aquí no hay chovinismo ni triunfalismo, pero sí también reconocemos que la seguridad pública es una política de Estado".
Asimismo, recalcó que detrás de cada hecho delictivo existen familias vulneradas, por lo que el objetivo gubernamental apunta a recuperar los niveles de seguridad de décadas anteriores.
Respecto a las iniciativas legales e institucionales para frenar la delincuencia, el ministro confirmó que el Gobierno trabaja en una reforma constitucional orientada a fortalecer el combate contra el crimen organizado y el terrorismo.
Las medidas buscan optimizar la capacidad operativa de las fuerzas de orden y persecución penal frente a nuevos patrones delictivos.
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