Una auditoría realizada en el marco del "Plan Inspección Total", impulsado por el Presidente José Antonio Kast, detectó que la construcción de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género terminó costando un 146% más de lo presupuestado inicialmente en 2023.
El proyecto, ubicado en Agustinas 1269, tenía como objetivo generar un ahorro para el Estado mediante el traslado de las dependencias del ministerio y, de esta manera, dejar de pagar el arriendo de las antiguas instalaciones.
La iniciativa contemplaba originalmente una inversión de $1.100 millones y un plazo de ejecución de un año y medio. Sin embargo, las obras terminaron con un costo superior a los $2.800 millones, mientras que el tiempo de ejecución se extendió hasta cerca de tres años y medio.
A este monto se suman $120 millones que el Estado debió desembolsar por el término anticipado del contrato de arriendo de las antiguas oficinas, además de otros $494 millones que se proyectan para habilitar y realizar reparaciones en el nuevo edificio.
"Este caso demuestra por qué era necesario revisar de manera profunda el funcionamiento del Estado y el mandato que tuvo el Presidente con Inspección Total. La auditoría permitió detectar antecedentes serios que requieren ser investigados y nosotros no vamos a mirar para el lado", señaló la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael.
Auditoría detectó otras irregularidades
El aumento de los costos y la extensión de los plazos no fueron los únicos hallazgos. El informe también identificó presuntas irregularidades en los procesos de licitación, la ejecución de las obras y las condiciones de seguridad y habitabilidad de las nuevas dependencias.
Tras conocer los resultados, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género remitió los antecedentes al fiscal regional metropolitano Centro Norte, además de la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, se instruyó un sumario administrativo, investigación que actualmente se encuentra en curso.
"Cuando una auditoría detecta antecedentes que pueden revestir gravedad, nuestro deber es entregarlos a quienes corresponde investigar. Tenemos una responsabilidad con las mujeres que atendemos, con nuestros funcionarios y funcionarias, pero también con cada peso de los recursos públicos. Por eso vamos a investigar, transparentar y corregir lo que haya que corregir", sostuvo Raphael.
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