Un vuelco remeció las causas de Derechos Humanos luego de que peritajes científicos confirmaran que Bernarda Rosalba Vera Contardo, mujer que por décadas figuró de manera oficial en las nóminas de detenidos desaparecidos de la dictadura militar, se encuentra viva y residiendo en Argentina.
Tras la confirmación del caso, el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla exigió que el Ministerio Público active de inmediato la querella penal presentada en octubre de 2025 en contra del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, y de la exjefa del Programa de DD.HH. de la cartera, Paulina Zamorano.
Cabe señalar que, el hallazgo fue notificado por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, quien informó que el examen de ADN realizado a partir de muestras del Banco Genético de Familiares del Servicio Médico Legal (SML) arrojó una certeza científica superior al 99,9999%. Tras dar a conocer el resultado a la familia directa, el magistrado decretó el secreto estricto de la causa y la reserva del informe genético.
De acuerdo con Murath, las autoridades de la época habrían tenido conocimiento previo de la situación y habrían omitido denunciar e investigar los hechos, permitiendo presuntamente la continuidad del pago de pensiones de reparación obtenidas de forma irregular.
"Se acreditó con certeza científica que la señora Bernarda Vera Contardo era una falsa detenida desaparecida. Esto da pie para que el Poder Judicial y la Fiscalía tramiten completamente la investigación por la querella que presenté (...) Ellos, sabiendo que esto era cierto, teniendo antecedentes, documentos, informes y declaraciones de que esta persona estaba viva, lo ocultaron", sostuvo el jurista.
Murath acusó a las exautoridades del ministerio de haber intervenido internamente para silenciar el hecho: "Ocultaron a tal nivel la información que le prohibieron a los funcionarios del ministerio que revelaran esta información o que hablaran del caso. ¡Esto es gravísimo! Tiene que investigarse hasta el final y tenemos que saber si el ministro Cordero es o no responsable de prevaricación administrativa, como lo deduje en mi querella, y si es así, tienen que formalizar al ministro Cordero y hacerlo responder por aquellas cuestiones que omitió y que terminaron por significar para todo Chile un encubrimiento».
La revelación del caso reabrió el debate sobre los registros oficiales de víctimas y los procesos judiciales en curso impulsados por causas relativas al periodo 1973-1990.
"¿Cuántos otros falsos detenidos desaparecidos hay? No sabemos, porque el gobierno del presidente Boric ocultó cuando encontraron un caso. ¿Cuántas personas en Punta Peuco o Colina a lo mejor están cumpliendo condenas por hechos que son falsos? Esa es la pregunta que hoy día hay que hacerse por parte de la ciudadanía", concluyó el querellante.
Se espera que en los próximos días las defensas de las autoridades querelladas y el Ministerio Público se pronuncien sobre las acciones de formalización solicitadas por la querella.
