El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves mantener la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín desde enero de este año, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se desarrolló luego de que la defensa solicitara reemplazar la máxima cautelar por una medida menos gravosa, argumentando que la exjueza enfrenta problemas de salud y que ya no existe riesgo de reiteración de los delitos que le imputa la Fiscalía.
La estrategia de la defensa para lograr su libertad
De acuerdo con antecedentes publicados por La Tercera, la defensora penal pública Patricia Alvarado buscó convencer al tribunal de que Vivanco no representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Entre los argumentos expuestos figuró que la exmagistrada fue removida del Poder Judicial en 2024, por lo que —según su defensa— ya no tendría posibilidades de influir en decisiones judiciales similares a las que forman parte de la investigación.
Asimismo, la defensa cuestionó la tesis de la Fiscalía respecto a un eventual riesgo para la investigación si la imputada recuperaba su libertad.
Otro de los puntos centrales fue el estado de salud de Vivanco.
Según su entorno, la exjueza no ha podido realizar controles médicos relacionados con un diagnóstico de cáncer y tampoco habría ajustado tratamientos asociados a la diabetes desde su ingreso a prisión. Cercanos afirman además que ha experimentado una importante baja de peso durante los meses que ha permanecido privada de libertad.
El caso que mantiene a Vivanco tras las rejas
La exministra fue detenida el 25 de enero de 2026 por personal del OS7 de Carabineros, luego de una orden gestionada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Según la investigación, Vivanco habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en litigios vinculados a Codelco mientras integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema.
El Ministerio Público sostiene que, a cambio de esas gestiones, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían canalizado pagos cercanos a $90 millones hacia Gonzalo Migueles, pareja de la entonces magistrada.
Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a Vivanco por los delitos de cohecho y lavado de activos, cargos que ella ha rechazado.
De la destitución a la investigación penal
La caída de Ángela Vivanco comenzó en 2024 tras la revelación de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla en el denominado Caso Audios.
El 10 de octubre de ese año, el pleno de la Corte Suprema la removió por notable abandono de deberes y mal comportamiento. Días después, el Senado aprobó una acusación constitucional que la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Posteriormente, las pesquisas derivaron en la denominada "trama bielorrusa", investigación que terminó con su formalización y posterior prisión preventiva.
