El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su última fiscalización anual sobre el personal de la Administración del Estado, comparando las cifras publicadas en los portales de transparencia entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. El análisis abarca tanto la Administración Central del Estado como las municipalidades, componentes clave de la estructura estatal chilena.
El informe evidenció un crecimiento significativo en la dotación total, que pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios del Estado en el período analizado. Este incremento representa un alza de más de 9.400 personas.
El alza se concentró en la administración central
El detalle de las cifras muestra que 449.443 funcionarios del Estado pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%).
Es relevante destacar que el alza registrada en el período fue impulsada exclusivamente por los organismos centrales, los que sumaron cerca de 10 mil nuevos trabajadores. En contraste, los municipios mostraron una leve baja de 287 empleados, manteniendo su dotación estable en torno a los 392 mil funcionarios del Estado.
El estudio del CPLT detalló la composición contractual de la Administración Central, donde predomina el empleo a contrata (61%), seguido por planta (18%), Código del Trabajo (14%) y honorarios (7%).
Además, se advirtió que casi la totalidad de los órganos analizados parece no cumplir con la limitación que establece el Estatuto Administrativo de que el total de sus funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta.
Respecto de la distribución por sector, los ámbitos de salud y educación siguen concentrando la mayor cantidad de personal en la Administración Central, sumando un 50% (más de 223 mil funcionarios del Estado) y un 17% (más de 77 mil funcionarios), respectivamente.
Modalidades de contratación y foco municipal
En el ámbito municipal, la dotación se mantiene estable. La distribución territorial de funcionarios del Estado municipales es encabezada por la Región Metropolitana (más de 85 mil trabajadores), seguida por Biobío (51 mil), Maule (46 mil) y Valparaíso (más de 43 mil).
La modalidad de planta es la principal forma de contratación municipal (32%), seguida por honorarios (24%), y sujeción al Código del Trabajo y contrata (ambos con 22%). El informe del Consejo para la Transparencia pone énfasis en la alta proporción de funcionarios a honorarios en comunas de alta población, como Maipú (67%) y Puente Alto (58%), y en Coquimbo, donde alcanza casi la mitad del personal.
Cerca del 40% de los funcionarios del Estado municipales se desempeñan en educación, seguido por gestión municipal (36%) y salud (24%).
Incumplimiento en la Ley de Transparencia
La fiscalización del CPLT detectó que un 4% de los organismos de la Administración Central y un 8% de los municipios no publicaron de forma íntegra o actualizada la información sobre su personal en transparencia activa, incumpliendo la Ley de Transparencia.
Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, subrayó la importancia del gasto asociado a la dotación: “En 2024 el gasto en personal en los organismos de la Administración Central fue de un 21,9% del total del presupuesto ejecutado. Por su parte, en los municipios alcanzó un 48,6% respecto del total de gastos de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de recursos públicos muy relevante, que lo hace una temática de especial interés ciudadano, y respecto de la cual este Consejo tendrá especial cuidado en fiscalizar que la información sea clara, accesible, completa y debidamente actualizada”.
González complementó que esta fiscalización es "fundamental para la formulación de políticas públicas" y que el mandato del CPLT es "fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar que el sector público, la academia, los medios y, en general, la ciudadanía, puedan acceder a esta información”.
Los resultados de esta indagación, que consideró 752 sujetos obligados (407 organismos de la Administración Central y 345 municipalidades), serán remitidos a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos.
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