En medio del debate sobre el futuro de las contribuciones y en un contexto marcado por propuestas presidenciales que buscan eliminarlas o reducirlas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que postergará por un año del reavalúo de propiedades no agrícolas habitacionales, que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
¿Qué implica la postergación del proyecto de reavalúo?
La medida busca dar más tiempo para evaluar sus efectos y atender las inquietudes de la ciudadanía respecto al impacto en el monto de las contribuciones.
El reavalúo corresponde a la actualización del valor fiscal de los bienes raíces, que sirve como base para el cálculo del impuesto territorial. Postergarlo significa retrasar eventuales aumentos en las contribuciones que muchas familias podrían enfrentar a partir de 2026.
Esta decisión se da en el contexto de una creciente presión política por revisar el sistema de contribuciones, especialmente luego de la polémica salida del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, y del surgimiento de propuestas que buscan eliminar dicho impuesto, especialmente para adultos mayores.
Adultos mayores: ¿quiénes se benefician con el límite del 5%?
Una de las medidas más destacadas del proyecto es la que establece un límite al pago de contribuciones para los adultos mayores que se encuentren en el 60% de menores ingresos. Según explicó el ministro Marcel, esta población –estimada en alrededor de 160 mil personas– verá restringido su pago de contribuciones a un máximo del 5% de sus ingresos, lo que apunta a aliviar la carga fiscal para uno de los segmentos más sensibles del país.
Actualmente, cerca del 85% de los adultos mayores propietarios ya se encuentran exentos parcial o totalmente del pago de contribuciones, beneficiándose de una norma vigente que permite rebajas de entre el 50% y el 100%. Sin embargo, el nuevo tope del 5% representaría una medida de mayor equidad para aquellos que, aunque no exentos, siguen teniendo dificultades para cumplir con este impuesto.
Foco en las PYMEs y nuevos emprendedores
Además de las medidas sobre contribuciones, el proyecto incluye una serie de incentivos para las pequeñas y medianas empresas. Entre ellos, destaca la creación de un “monotributo” ara nuevos microemprendedores formalizados, que podrán pagar una cuota mensual de 1 UTM (actualmente $68.785), reemplazando sus obligaciones de IVA y renta durante los dos primeros años. En los dos años siguientes, también se considerarán beneficios adicionales en materia de IVA.
Otra novedad es que el régimen “transparente” se convertirá en el sistema general para las pequeñas empresas, lo que significa que estarán exentas del impuesto de Primera Categoría y tributarán únicamente por el Global Complementario de sus socios.
Costo fiscal y compensaciones
El costo fiscal del conjunto de medidas alcanza los US$ 1.000 millones. Sin embargo, el Gobierno proyecta compensar este monto mediante aumentos en la recaudación de los tramos más altos del impuesto a la renta (personas con ingresos mensuales sobre los $8,2 millones), así como ajustes a exenciones que hoy benefician a fondos de inversión, herencias y donaciones.
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