La Contraloría General de la República detectó que hay 597 equipos claves para monitorear al volcán Villarrica que están sin uso, situación que puede ser "un riesgo para la población en caso de un desastre natural".
De acuerdo al organismo, tras un informe de auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía realizado en el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS), unidad técnica dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), fue informada la existencia de gran cantidad de equipos en una bodega en Temuco.
"El objetivo es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que los planes de emergencia cumplan con los estándares necesarios para proteger a la población ante contingencias", sostuvo Contraloría.
Asimismo, el ente fiscalizador afirmó que "algunos de estos equipos fueron adquiridos hace más de 12 años para el monitoreo volcánico. Esta situación implica una débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias".
Más de 15.000 edificaciones en zonas de alto riesgo volcánico
Paralelamente, Contraloría detectó más de 15.000 edificaciones "emplazadas en zonas de alto riesgo volcánico fuera de los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunal)".
El ente comunicó que se trata de "construcciones desarrolladas sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico".
"A su vez, se constató que 491 edificaciones del sector rural de Chaillupén (comuna de Villarrica) se encuentran en un área sin cobertura de antenas para la transmisión de alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). De ellas, 130 están emplazadas en zonas clasificadas como de alto peligro volcánico, lo que impediría que una parte de la población expuesta pueda recibir oportunamente los mensajes de alerta ante una eventual erupción del volcán Villarrica", complementó.
La institución enumeró otras irregularidades de carácter administrativo, como falta de control de turnos y ausencia de validación de remuneraciones de los profesionales técnicos además de la no ejecución del nuevo modelo operativo basado en turnos 7x24.
"Así, considerando las irregularidades advertidas, la Contraloría iniciará un reparo -respecto del contrato de monitoreo permanente revisado para el período 2021 a 2024- por un monto de 5,55 UF y $ 42.846.991, por el concepto de multas no cobradas y falta de cobro de garantías, respectivamente. Asimismo, el Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas", sentenció.
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