La entrega del antiviral respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para combatir el COVID-19 en pacientes inmunosuprimidos, ha desatado denuncias por parte de pacientes de alto riesgo, que es justo la población para la que está indicado. En una oportuna política pública, en diciembre último el Ministerio de Salud adquirió 3 mil dosis y dispuso su entrega gratuita, bajo ciertos requisitos, en los servicios de urgencia públicos y privados del país.
En Chile, más de 50.000 personas se encuentran en la categoría de alto riesgo debido a la presencia de comorbilidades, quienes son particularmente susceptibles a sufrir complicaciones graves. “Los estudios científicos respaldan que este antiviral en la población indicada logra que el sistema inmunológico tenga una mejor oportunidad de combatir el COVID-19, acortando su duración, por lo que es deseable administrarlo en pacientes de riesgo en cuanto se confirma su contagio”, explicó el doctor Luis Enberg, presidente Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (SOCHIMU).
Tal es su importancia que cinco agrupaciones de pacientes de alto riesgo se unieron para visibilizar a sus bases la existencia del fármaco en el sistema de salud chileno: Fundación Vi-Da, dedicada al apoyo de pacientes con cáncer; Mujeres por un Lazo, enfocada en el cáncer de mama; Fundación GIST Chile, especializada en los cánceres gastrointestinales y GIST; Corporación ANACROJ, de Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil; y Fundación PADECE, centrada en enfermedades dermatológicas crónicas.
Desde esa campaña en sus respectivas redes sociales surgió la alerta de parte de sus propios pacientes con Covid confirmado; aunque cumplían con los requisitos para acceder al antiviral, no se les entregó.
En marzo pasado finalizó la etapa piloto para su entrega, sólo se han repartido 100 unidades de las 3 mil dosis adquiridas, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, en el marco de la octava reunión para analizar la situación epidemiológica de los virus respiratorios y medidas, realizada el 3 de agosto pasado.
"Pese a que hoy vivimos una etapa post pandemia, no nos olvidemos que este año 2023 ya van casi 2 mil fallecidos por COVID-19, de acuerdo a cifras oficiales. De ahí que los pacientes de alto riesgo necesitamos contar con este antiviral y nos preocupan quienes no han podido acceder a éste, porque seguimos críticamente expuestos. Es prioridad una mejora en los procedimientos y en la comunicación a los equipos que deben entregarlo”, explicó Jorge Fernández, presidente de la Fundación VI-DA.
Estos casos motivaron la intervención del senador Juan Luis Castro, que preside la Comisión de Salud del Senado, donde se aprobó oficiar y citar al Minsal para que informe.
“No sabemos qué está pasando, hay un total desconcierto porque se dice que está disponible en los servicios de urgencia, pero las alertas que nos llegan son francamente insospechadas, pareciera que no existiera este producto en Chile, nos preocupa quienes puede agravarse y desarrollar por ejemplo una neumonía, si hay un producto ¿por qué no se está usando?”, planteó el senador Castro.