Este domingo se realizará la formalización del ejecutivo bancario que operaba en la denominada Operación Tokio, uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos vinculados al Tren de Aragua realizados en Chile.
Cabe recordar que la operación dejó 18 detenidos, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander acusado de facilitar operaciones financieras para la organización criminal.
Según la Fiscalía, la investigación permitió detectar el movimiento de más de $78 mil millones, recursos que habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente enviados al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas. El origen del caso se remonta a julio de 2024, tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa durante una fiesta conocida como "parcelazo".
No obstante, el caso dejó en evidencia la alarmante permeabilidad del sistema financiero chileno, según explicaron investigadores y expertos.
Y es que, en concreto, la operó a través de dos sociedades fachada. El nexo clave dentro de la banca tradicional era José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario detenido en el centro de Santiago, quien actuaba como facilitador de cuentas y permitía el ingreso de grandes flujos de efectivo.
"Reúne todos estos grandes volúmenes y los transforma en dinero que ingresa en cuenta, y luego los hace esfumarse mediante su conversión a criptomonedas", explicó Cristián Garay, investigador Idea Usach.
De igual manera, Catalina Olate, periodista investigadora de Ciper, añadió que "dos de las sociedades tenían declaraciones de renta muy por montos menores, pero realmente su ingreso era de 50 mil millones de pesos".
"La intención declarada de este tipo de organizaciones para la cooptación de los funcionarios constituye la red sobre la cual se establece la 1.ª fase de la connivencia entre el Estado y el crimen organizado", explicó Cristián Garay, investigador Idea Usach.
La indagatoria determinó la existencia de cuentas en al menos seis bancos distintos, las que actualmente se encuentran congeladas, aunque solo se ha podido recuperar 370 mil dólares de los 85 millones investigados.
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