La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente informaron el cierre de la investigación en la causa Factop, tras concluir las diligencias destinadas a establecer los hechos, responsabilidades penales y eventuales partícipes.
La comunicación fue realizada por el fiscal jefe Felipe Sepúlveda Araya y el fiscal adjunto Juan Pablo Araya Paredes, quienes señalaron que la investigación se encuentra agotada conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código Procesal Penal, dando paso a la etapa procesal siguiente.
El origen del caso
La causa Factop se enmarca en una investigación de amplio alcance iniciada tras la divulgación, a mediados de 2023, de una grabación de audio que involucró al abogado Luis Hermosilla, a los empresarios Daniel Sauer, Ariel Sauer y a la abogada María Leonarda Villalobos. A más de un año y medio de ese hito, la Fiscalía logró sustentar imputaciones por soborno, cohecho, estafa, fraude, delitos tributarios, uso malicioso de instrumento privado mercantil y lavado de activos, revelando una trama de mayor envergadura que incorporó a nuevos actores económicos y financieros.
Entre ellos figuran los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ejecutivos ligados al Grupo Larraín Vial, quienes enfrentan un proceso judicial en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Caso Factop: formalización
Durante la primera jornada de formalización en la arista Caso Factop, el Ministerio Público expuso una minuta de más de 180 páginas, detallando los hechos que fundamentan la imputación de múltiples delitos.
Factop fue constituida en 2003 por Alberto Sauer Rosenwasser junto a sus hijos Ariel y Daniel Sauer, con el objetivo de desarrollar actividades financieras, comerciales y de intermediación. Según la Fiscalía, la empresa fue presentada como una entidad financiera de alto prestigio internacional, ofreciendo a inversionistas rentabilidades superiores al mercado, cercanas al 1% mensual, a través de operaciones de factoring y fondos de inversión denominados family friends.
No obstante, la investigación determinó que gran parte de la información sobre solvencia, respaldo financiero y operaciones era falsa. Se detectó la utilización de facturas ideológicamente falsas, cheques sin fondos y simulación de operaciones comerciales inexistentes, con el fin de inducir al error a los inversionistas.
Víctimas y perjuicios económicos
De acuerdo con el Ministerio Público, 26 personas resultaron directamente afectadas, registrando un perjuicio económico superior a los 7 mil millones de pesos. Entre las víctimas se encuentran empresas como Global SME Growth Fund LP, fondo de inversión estadounidense que aportó hasta US$6 millones, además de Concreces Factoring, Nuevo Capital, Zurich, Galibo y Prida Llach, entre otras.
En paralelo, se estableció que entre 2021 y julio de 2023 se emitieron más de 9.900 facturas fraudulentas, por un monto que supera los 12 mil millones de pesos, a través de sociedades vinculadas directa o indirectamente a los imputados.
Delitos tributarios y perjuicio fiscal
La investigación también reveló un importante perjuicio fiscal, derivado de la presentación de declaraciones de renta maliciosamente falsas y la utilización de costos y gastos inexistentes. Según la Fiscalía, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff habrían evadido impuestos por más de 6 mil millones de pesos en conjunto.
Asimismo, se imputaron delitos tributarios a Luis Hermosilla, quien habría omitido sistemáticamente ingresos en sus declaraciones entre 2020 y 2024, y a María Leonarda Villalobos, cuyo perjuicio fiscal ascendería a $417 millones.
STF, Larraín Vial y lavado de activos
La indagatoria también abarcó la creación y funcionamiento de STF Capital, sociedad utilizada —según la Fiscalía— para aparentar solvencia financiera mediante depósitos y cheques sin respaldo real, además de la estructuración del Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial, cuyo verdadero objetivo habría sido el pago de deudas personales y empresariales de los imputados.
En este contexto, el Ministerio Público imputó a varios de los involucrados el delito de lavado de activos, señalando que los dineros obtenidos de actividades ilícitas fueron utilizados para financiar a personas de su círculo cercano, mediante facturación falsa, triangulación de fondos, uso intensivo de efectivo y adquisición de bienes para ocultar su origen.
Soborno y cohecho
Finalmente, la Fiscalía imputó delitos de soborno y cohecho relacionados con el pago a funcionarios públicos de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, a cambio de información confidencial y gestiones favorables para los imputados.
Por estos hechos, fueron formalizados, entre otros, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, Álvaro Jalaff y Marcelo Medina, mientras que los funcionarios públicos involucrados fueron imputados por cohecho reiterado.
Cierre de la investigación
Con el cierre de la investigación, la Fiscalía da por concluida una de las indagatorias económicas y financieras más complejas de los últimos años, quedando la causa en condiciones de avanzar hacia las definiciones procesales correspondientes.
