En la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la Fiscalía reforzó su solicitud de prisión preventiva exponiendo una serie de antecedentes que, a su juicio, dan cuenta de la cercanía entre la otrora jueza y los intereses del consorcio Belaz-Movitec. Entre ellos, destacan al menos cuatro viajes en vuelos comerciales en los que Vivanco coincidió con representantes de dicha empresa.
Según se detalló en audiencia, uno de estos viajes fue realizado por Vivanco en comisión de servicio, en su calidad de ministra del máximo tribunal.
A ello se suma la declaración de Máximo Pacheco, quien señaló haberse enterado de que Josip Sekul, director del consorcio, viajó a Turquía en un período en el que, de manera coincidente, Ángela Vivanco también se encontraba en ese país.
Para el Ministerio Público, si bien cada viaje por separado podría explicarse como una casualidad, la reiteración —cuatro coincidencias— constituye un indicio relevante.
"Puede tratarse o puede explicarse como una casualidad. Pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que, unido a otros antecedentes, permiten construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad", aseguró Luppy Aguirre, abogada querellante del CDE.
La defensa de la exministra, en tanto, restó importancia a estos antecedentes, asegurando que los viajes se remontan al año 2019 y que no tendrían relevancia jurídica para los hechos imputados. “No tiene ninguna relevancia”, sostuvo Jorge Valladares.
La declaración de Vivanco ante la Comisión de Ética
Durante la audiencia también se abordó la declaración que Vivanco entregó ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema, instancia en la que protagonizó un tenso intercambio con la actual presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, a propósito de los vínculos personales con abogados que litigan permanentemente en tribunales.
En paralelo, el imputado Eduardo Lagos —actualmente en prisión preventiva— declaró ante la Fiscalía haber participado junto a Mario Vargas en el pago de sobornos que, según dijo, superarían los 80 millones de pesos, asegurando que dichos dineros estaban vinculados al voto de Vivanco en una sentencia específica.
