Historias de pérdida y dolor son las que envuelven a 11 familias que se querellan contra una fundación en la que depositaron sus esperanzas de justicia para sus hijos fallecidos, pero que finalmente terminó siendo una estafa.
Se trata de la "Fundación Chile de Pie", organización que funcionaba como tal, pero que nunca existió, puesto que la cuota mensual obligatoria que se le cobraba a las familias para poder llevar sus causas, iban a la cuenta personal de una de las socias.
"Nos hicieron firmar este documento. Todos los firmamos, donde dice que tenemos que pagar $15.000, que ellos se comprometen a llevar nuestras causas", aseveró Daniela Romero, una de las afectadas.
Asimismo, los querellantes relataron que les pedían hacer rifas para reunir fondos con el fin de costear las tramitaciones de procesos judiciales, que en la prática nunca se habrían gestionado.
A dichos antecedentes, también se suma el hecho de que pedían "llevar más gente", tal como funciona una estafa piramidal. "Básicamente dejaba de ser una invitación a una solicitud o una coacción", indicó Guillerno Contreras, abogado querellante.
"(Por) 26 meses más menos, pagamos los $15.000, pero nunca recibimos un recibo, nada, una boleta", indicaron Constanza Molina y Rodrigo Carrasco, otra de las familias querellantes, quienes agregaron que su causa nunca tuvo avances.
Bajo esta modalidad, la "fundación" logró reunir a cerca de 80 familias.
"Yo no sé qué hicieron, porque me ilusionaron de que iban a abrir la causa y de que iban a demandar al Estado; nunca se hizo nada. O sea, yo estaba pagando, ¿qué estaba pagando si nunca se hizo nada?, se pregunta la querellante María Soledad Acuña.
Por su parte, Daniela Romero señaló que "lo único que yo sé es que dificultaron y entorpecieron el caso de mi hijo por tres años. Revisamos la causa penal y no habían hecho ni un avance. De hecho, la causa penal llevaba seis años, legalmente estaba ya prescrita.
"JUGARON CON NUESTRO DOLOR"
Constanza Molina y Rodrigo Carrasco son los padres de Martina, una niña de 8 años que el 14 de marzo del 2019 presentó un fuerte dolor estomacal.
La pequeña sufrió una pancreatitis aguda que pudo ser atendida a tiempo y que la tenía a punto de ser dada de alta. Los médicos le pidieron una resonancia magnética en un recinto externo al hospital, pero lo que debía ser un examen de rutina, a cargo de un anestesista, se complicó.
A Martina le hicieron un encefalograma y, tras la complicación, a los padres les informaron que su hija tenía muerte cerebral.
Por su parte, María Soledad Acuña busca justicia por su hija Cynthia, quien fue asesinada hace 14 años.
La muchacha se perdió el 5 de enero del 2009 y fue hallada sin vida por unos niños el 31 de enero del mismo año en un sitio eriazo en Enea.
Es un homicidio que permanece sin resolver, en una investigación que después de más de 10 años no tuvo avances, ni culpables.
Otra de las querellantes, Daniela Romero, exige justicia por su hijo de 19 días que falleció por neumonía por aspiración de líquido anmiótico, luego de ser diagnosticado con "cólicos".
Su caso se hizo viral en redes sociales y en ese momento de acongojo fue contactada por una abogada de "Chile de Pie".
Sobre las familias que llegaron a las manos de esta organización, el abogado Guillermo Contreras señaló que "eran personas que no contaban con los medios para pagar un abogado y entendiendo que la corporación tiene una sobrecarga laboral y muchas veces no puede tomar estas causas".
"VÍCTIMAS DE FUNA"
Las acusaciones de los querellantes se hicieron públicas y la "Fundación Chile de Pie" decidió iniciar un proceso de cierre a fines de 2022, sin embargo, los acusados denuncian ser víctimas de una "funa" y respondieron a las imputaciones en sus redes sociales, señalando que el retraso en algunas casusas se debían al estallido social y la pandemia.
En Facebook, Héctor Ronda, director imputado en el caso, escribió: "Hemos trabajado presencialmente, hemos trabajado online, hemos presentado todo lo que hay que presentar y bajo esa premisa el trabajo está desarrollado, está hecho".
"Las causas penales tampoco dependen del abogado que tramita, porue uno interviene como querellante y como querellante es un coayudante de quien si tiene el ejercicio de la acción penal que es el fiscal", agregó.
Por su parte, Fabiola Aliante, abogada imputada, se defendió diciendo que: "En la mayoría de sus casos sabían que sus causas no podían prosperar de menor manera y que hicimos todo lo que se podía, por lo tanto, considero injustificado, considero que esto es producto de un ataque burdo de un abogado que recién iniciada su carrera intenta darse a conocer de manera espuria a costa de descalificar el trabajo de una colega".
Son las dos versiones del conflicto que enfrenta a una fundación y a quienes fueron una vez sus usuarios. Estas fmailias, en tanto, deben seguir buscando maneras de lograr justicia por sus hijos.
