El Poder Judicial anunció que no comprará los autos de lujo marca Lexus para renovar la flota de los jueces de la Corte Suprema.
Mediante una declaración informaron la decisión, aunque también consignaron que el presupuesto había contado previamente con el respaldo de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Luego de la gran polémica, la noticia fue valorada por el Gobierno y desde Interior y Secretaría General señalaron que Hacienda y Dipres no visaron la compra de los móviles.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que "hay que recordar el Poder Judicial es un poder autónomo del Estado, somos respetuosos de sus decisiones, pero creo que es razonable. Y el Gobierno así lo ha expresado en distintas normativas internas, tiene ciertos criterios a la hora de tomar decisiones que puede tener en el contexto de la situación que vive el país, así que yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema".
Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, puntualizó que le parece "una buena señal".
Respecto del supuesto respaldo desde Hacienda y Dipres, ambas autoridades descartaron lo indicado por el Poder Judicial.
"El Gobierno no ha tomado la decisión de comprar vehículos Lexus, esa decisión la tomó la Corte Suprema", declaró Monsalve.
En tanto, Vallejo agregó que "el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda y la Dipres no determinan que la Corte Suprema compre autos Lexus. En ninguna parte. Y el comunicado, de alguna manera, reafirma aquello. De verdad, la Corte Suprema, lo hemos dicho, es un poder autónomo. El Ejecutivo no define cuántos autos se compre y de qué modelo, porque es un poder autónomo. Lo único que se hace es que se aprueban presupuestos generales. Cómo se usan esos recursos es una decisión de ellos y, cómo se ha dado cuenta, ellos mismos revirtieron".
Corte Suprema: Polémica por autos Lexus
Recordar que el caso generó revuelo luego de que se anunciara la renovación de la flota de vehículos que transporta a los ministros de la Corte Suprema, donde el modelo ES300h de la marca Lexus, fue el elegido, y que tiene un valor unitario cercano a los $56.990.000.
En total, se desembolsarían $1.253 millones, mismo monto que generó controversia en La Moneda y donde la ministra Carolina Tohá señaló que:
"Hemos tratado de ser muy prudentes en esto, porque el Poder Judicial es autónomo, pero nosotros somos partidarios y tenemos una política muy estricta de que las compras de este tipo deben poder pasar el filtro de la observación de la ciudadanía sin generar el clima que hemos visto en estas horas".