El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emitió un comunicado durante la tarde del miércoles refiriéndose al informe de la Contraloría General de la República, el cual detectó una serie de irregularidades durante la realización del Censo de Población y Vivienda 2024.
De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, el INE contrató a 16 personas con antecedentes por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
Sumado a lo anterior, la auditoría detectó la contratación de 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile, entre ellos una persona que mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
A causa de lo anterior, la Contraloría le ordenó al INE instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Respuesta del INE
A través de un comunicado, el INE detalló que realizó un análisis detallado de las observaciones contenidas en la auditoría y adoptó de inmediato las medidas correctivas.
En ese sentido, informaron que presentaron el pasado 18 de marzo de 2026 una solicitud de reconsideración legal relacionada con "determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos".
De igual manera, el organismo informó que instruyó un sumario administrativo "en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado), además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación".
"En el mismo proceso sumarial se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)", agregaron.
Por último, la institución aseguró que mantiene un control permanente sobre las medidas adoptadas, las cuales ya están siendo reportadas a la Contraloría General de la República.
