Durante su segunda reunión oficial, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal recibió formalmente el reporte inicial emitido por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) entre las que llama la atención, los más de USD 140 millones asignados a entidades con menos de un año de antigüedad y los más de 2 mil contratos realizados en el último tiempo de gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Este documento detalla el monitoreo de la ejecución presupuestaria en más de 500 servicios públicos, abarcando el periodo comprendido entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien preside el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, detalló que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad".
Las alertas encontradas son las siguientes:
- Transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.
- Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.
- Más de 1.000 contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo.
- Incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025.
- Más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.
- Identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.
- Reparaciones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.
- Asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.
