El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló una parte del "Informe sobre Violencias Percibidas en la macrozona centro-norte 2023", el cual evidencia "vulneraciones de derechos a grupos sociales y étnicos" en la Macrozona Sur.
El documento fue enviado el viernes recién pasado al Presidente Gabriel Boric, al Congreso y al Ministerio Público y busca establecer conclusiones detrás del fenómeno de violencia y sus afectaciones a comunidades, locatarios, Carabineros, entre otros.
El informe, el cual fue dado a conocer por El Mercurio, cuenta en la parte de sus antecedentes que las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se ha evidenciado "el conflicto que viven comunidades mapuches con algunas empresas", por lo cual desde el INDH han manifestado que le "corresponde al Estado implementar todas las medidas que estén a su alcance para resguardar los derechos de los grupos vulnerados, como los pueblos indígenas".
En el mismo apartado, las conclusiones aluden a que "la crisis vivida en la zona ha provocado una afectación a los derechos humanos de los actores no indígenas y ha descrito, entre otros aspectos, la situación de vulnerabilidad social de la región y la afectación de derechos humanos vividas por gremios, agricultores, entre otros actores no indígenas".
También destaca que "la vulneración del derecho a la libertad religiosa a propósito de los ataques en contra de sitios sagrados indígenas e iglesias cristianas, así como relatos divegentes sobre la propiedad se las tierras en disputa que derivan en acusaciones de usurpación, dan cuenta de que la macrozona centro-sur convive con violaciones complejas, dinámicas y persistentes".
En base a lo anterior, el documento "constata múltiples vulneraciones de derechos entre particulares donde la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente".
Una de las conclusiones que presenta el informe es que el Estado debe "por obligación proveer condiciones de seguridad a todos los habitantes del territorio, dado que la efectación a este derecho altera el libre ejercicio de otros derechos humanos, como, por ejemplo, la educación, la libertad religiosa, la libre circulación y residencia, entre otros".
Y si bien reconoce los esfuerzos de los gobiernos anteriores para garantizar la seguridad ciudadana, se señalan como "insuficientes" y que ciertos hechos delictivos "reflejan múltiples vulneraciones de derechos a diversos grupos sociales y étnicos en la zona".