La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en la entrega de créditos de fomento por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en la Región Metropolitana, incluyendo beneficiarios con vehículos valorizados en más de $128 millones y casos vinculados al cultivo de marihuana.
Los antecedentes quedaron expuestos en el Informe Final N°80 de 2026, que auditó el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
La auditoría revisó 777 créditos entregados a 702 personas en la Región Metropolitana y concluyó que INDAP "no aplicó controles suficientes para verificar quiénes recibían los créditos", según indicó la Contraloría en un comunicado.
Beneficiarios con vehículos sobre las 3.500 UF
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a que 10 personas recibieron créditos de fomento pese a registrar vehículos motorizados valorizados por sobre las 3.500 UF, equivalentes a más de $128 millones.
La normativa del INDAP establece que los beneficiarios no pueden mantener activos superiores a ese monto para ser considerados pequeños agricultores.
La auditoría también detectó que otras dos personas presentaban un capital propio tributario superior al límite permitido para acceder a este tipo de beneficios.
Créditos a personas con otros ingresos
La Contraloría además detectó que 16 beneficiarios recibieron créditos por un total de $51.950.000 pese a que registraban ingresos provenientes de actividades distintas a la explotación agrícola, como remuneraciones, honorarios y arriendos.
El organismo recordó que uno de los requisitos para acceder a estos créditos es que la principal fuente de ingresos corresponda a la actividad agrícola.
Junto con ello, el informe reveló debilidades en la verificación de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
En concreto, ocho personas obtuvieron créditos por un total de $51 millones sin contar con Registro Social de Hogares. Además, otras 95 personas recibieron créditos por más de $503 millones pese a presentar una calificación socioeconómica superior al 70% permitido para acceder a los beneficios.
Casos vinculados a marihuana y usurpación de aguas
La auditoría también identificó tres casos de beneficiarios que registraban antecedentes vinculados a acciones ilícitas relacionadas con sus predios.
Según detalló la Contraloría, dos de esos casos correspondían a existencia y cultivo de plantas de marihuana, mientras que el tercero estaba asociado a usurpación de aguas.
El organismo cuestionó que INDAP no realizara acciones de fiscalización respecto de estos casos y ordenó reevaluar la condición de beneficiarios de las personas involucradas.
Asimismo, instruyó reforzar las supervisiones en terreno para verificar que los recursos públicos hayan sido utilizados conforme a los fines del programa.
Supervisiones bajo el mínimo exigido
Otro de los puntos observados por la CGR fue la baja fiscalización en terreno.
De los 566 créditos de corto plazo otorgados durante 2024, solo 36 fueron supervisados presencialmente, equivalente al 6% del total, cifra inferior al 10% mínimo establecido por la normativa interna del INDAP.
Además, el informe detectó que 481 créditos fueron entregados a personas acreditadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin que existieran procesos de actualización o reevaluación de su condición.
Más de $5 mil millones pendientes de cobro
La Contraloría también cuestionó la recuperación de recursos entregados por INDAP.
Al 31 de diciembre de 2025, el organismo mantenía pendientes de cobro más de $5.479 millones correspondientes a 1.453 créditos otorgados hasta diciembre de 2024, de los cuales más de $3.181 millones se encontraban en estado moroso.
Incluso, la auditoría detectó 22 personas fallecidas que mantenían deudas pendientes por más de $118 millones sin que existieran acciones registradas para recuperar esos recursos.
Contraloría ordena sumario
Tras los hallazgos, la Contraloría instruyó al INDAP iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Además, el organismo deberá revisar los casos observados y reevaluar si los beneficiarios cumplen actualmente con los requisitos para acceder a créditos de fomento agrícola.
