El pasado miércoles el Senado despachó a tercer trámite constitucional la Ley TEA, un nuevo marco normativo que pretende promover la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista.
Ahora el documento está en manos de la Cámara Baja, donde se deben ratificar las enmiendas que solicitaron las senadoras y senadores para perfeccionar el proyecto.
¿Qué dice la propuesta?
“Proyecto de ley sobre atención, protección e inclusión para las personas en el espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares”.
Así se titula la iniciativa que fue presentada el 15 de junio de 2021 en el Congreso y que en su texto más actualizado tiene como objetivo principal asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y el resguardo de la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista.
También se espera promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, además de concientizar a la ciudadanía al respecto.
En el artículo 6 del documento se describen los deberes generales del Estado con las personas con TEA, entre los que destaca “asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista”.
“El Estado deberá asegurar a dichas personas el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás. En especial, asegurará su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. En tal sentido, impulsará las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo señalado precedentemente.
Asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas”, agrega.
Fundamentos del proyecto
Entre las razones para crear esta propuesta se afirma que hace diez años en Chile uno de cada 600 niños y niñas tenía esta condición, “hoy se estima que ese porcentaje es de uno cada 54”.
“Urge preparar a nuestro país para esta nueva diversidad de personas neuro divergentes. La manera de hacerlo es adaptar nuestra legislación hacia las necesidades propias de niños, niñas y adolescentes y personas adultas bajo esta condición”, indica la propuesta presentada por los parlamentarios Sandra Amar, Sergio Bobadilla, María Nora Cuevas, Catalina Del Real, Eduardo Durán, Carolina Marzán, Claudia Mix, Francesca Muñoz y Luis Rocafull.
La iniciativa señala que actualmente en nuestro país no existen políticas públicas para implementar un diagnóstico temprano del Espectro Autista, la contabilización de las personas que tienen la condición o prestadores de salud a quienes acudir para costear los tratamientos y terapias. La inclusión social en los distintos ámbitos también es débil.