La investigación por la controversial liberación del presunto sicario implicado en el asesinato del denominado "Rey de Meiggs" comenzó a arrojar sus primeras consecuencias judiciales. El Ministerio Público ya citó a declarar como imputado a un oficial de actas del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a quien se le atribuye una eventual responsabilidad en el procedimiento que permitió la salida del reo del penal Santiago 1, y ahora podría sumarse la jueza Irene Rodríguez.
El caso ha generado indignación tanto en el mundo político como judicial, especialmente por las múltiples irregularidades detectadas en las órdenes emitidas a Gendarmería para la excarcelación de Alberto Carlos Mejía, ciudadano venezolano que inicialmente fue identificado con un nombre falso: Osmar Ferrer.
Según antecedentes del caso, la primera resolución judicial decretó prisión preventiva, pero contenía un error en la identidad del imputado. Luego, se emitió una segunda resolución anulando dicha medida, y más tarde una tercera que corregía el nombre y volvía a establecer la prisión preventiva.
Sin embargo, pese a que esta última resolución —la correcta— fue enviada a Gendarmería cerca de las 14:00 horas del pasado 10 de julio, el reo fue igualmente dejado en libertad alrededor de las 20:00 horas del mismo día.
Este grave error está siendo investigado por el Ministerio Público, que también citó a declarar como imputado a otro funcionario del Poder Judicial por su eventual responsabilidad en los hechos.
En paralelo, no se descarta que en las próximas semanas sea citada a declarar la jueza Irene Rodríguez, quien podría haber tenido participación en la cadena de errores que facilitó la liberación del sicario.
Mientras avanza la investigación, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró "si hay errores, primero tenemos que saber bien cómo ocurrieron los hechos, y para eso es necesario una investigación que establezca las garantías del debido proceso a todas las personas que podrían estar involucradas".
