Luis Castillo, indultado por el Presidente Gabriel Boric para el estallido social, podría ser sometido a un juicio abreviado por el delito de plagio extorsivo y arriesga una pena de 4 años de cárcel.
El sujeto, que fue detenido en diciembre de 2023 junto a otras cuatro personas, se mentiene en prisión preventiva tras ser formalizado por secuestro extorsivo y robo con violencia.
Sin embargo, a las 11:00 horas de este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Copiapó se realizará la audiencia para discutir el procedimiento abreviado respecto de Castillo.
Según consignó El Mercurio, dicha instancia fue solicitada por el Ministerio Público y el defensor del imputado.
No obstante, desde la Defensoría Penal Pública señalan que solicitarán un cambio en la fecha de la audiencia, debido a que continúan las conversaciones sobre qué delitos reconocerá el indultado y, por ende, a la pena que será sometido.
De todas formas, tanto el ente persecutor como el abogado de Castillo concuerdan en que "las penas que ofrece la Fiscalía, sin perjuicio de las penas sustitutivas que procedan, son de cuatro años para Castillo", y cinco para Claudia Morales, imputada por los mismos delitos.
Indulto y extenso prontuario
En marzo del 2022, el Presidente Gabriel Boric concretó los polémicos indultos a 13 personas ligadas a diversos delitos por el estallido social.
Uno de ellos fue Luis Castillo, cuyo extenso prontuario generó diversas críticas al Mandatario.
Lo anterior, debido a que el hombre, de ahora 36 años, tenía antecedentes por cinco delitos a lo que se sumó que Gendarmería emitió un informe en el que tildaba de "desfavorable" indultarlo. Sin embargo, al ser una decisión presidencial, Boric autorizó el beneficio pese a la advertencia de la institución.
Dicha acción generó la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya que posteriormente se comprobó que el Gobierno pidió mantener en reserva los expedientes de los indultados, donde aparecen los informes de Gendarmería.
Concretamente, el sujeto estuvo involucrado en ataques a servicios públicos e incluso un saqueo a una automotora, en el contexto del estallido social en Copiapó.