La Contraloría General de la República detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos durante el megaincendio de la región de Valparaíso, ocurrido en febrero del 2024 y que dejó 138 personas fallecidas y miles de héctareas quemadas.
Cinco informes de la Contraloría Regional de Valparaíso determinaron "graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia", involucrando a diversos organismos públicos.
El detalle, sumando todas las instituciones, supera los $1.800 millones usados de manera irregular para la instancia.
Pagos no acreditados en la Delegación Presidencial Regional
Sobre la Delegación Presidencial Regional, Contraloría advirtió el gasto de más de $586 millones.
Al respecto, afirmó que "la auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo".
Irregularidades en Municipalidad de Quilpué
"La Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos", publicó el ente.
Municipalidad de Viña del Mar, en el ojo por posibles falencias
"Evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas", acotó.
Pagos indebidos en la demolición de casas siniestradas a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura
El informe reveló "pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo".
Sobreprecios sin respaldo en demoliciones en El Olivar
Al respecto, Contraloría subrayó la existencia de "pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos, por lo que la Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia CGR quien continúe con su respectiva tramitación".
