Un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló que, pese a los avances regulatorios en el mercado farmacéutico chileno, la población sigue adquiriendo medicamentos de marca considerablemente más caros en comparación con sus alternativas bioequivalentes.
La investigación del organismo antimonopolio expuso brechas extremas de precio en fármacos de alta rotación. El caso más crítico detectado corresponde al antidepresivo sertralina, cuya versión original de laboratorio llega a costar 31 veces más que el producto genérico certificado.
La FNE determinó que en 8 de cada 11 medicamentos analizados, la versión más costosa registra un mayor volumen de ventas que la opción económica. El fenómeno ocurre pese a que entre 2018 y 2024 el Instituto de Salud Pública autorizó 3.000 nuevos bioequivalentes.
El desbalance comercial impacta directamente en la adherencia médica de los pacientes de menores recursos y adultos mayores. Los usuarios reportan un abandono forzado de sus tratamientos crónicos ante la imposibilidad financiera de costear los valores de los productos innovadores en el canal minorista.
Ante esto, María Nella Gai, Fac. Ciencias Químicas y Farmacéuticas U. de Chile., explicó que, "tener medicamentos de calidad y seguridad asegurada es fundamental para el sistema, porque muchos de los tratamientos fracasan no porque no estén los medicamentos adecuados para tratarlos, sino porque la gente abandona los tratamientos porque no tiene recursos para sustentarlos".
Los fármacos bioequivalentes —identificables por la franja amarilla y la letra "B" roja en sus envases— cuentan con estudios clínicos que garantizan el mismo efecto terapéutico y seguridad que el original. Sin embargo, el informe constató que no han logrado consolidarse como una competencia efectiva.
Para corregir esta distorsión, el Congreso agiliza una reforma al sistema de prescripción. La Comisión de Salud del Senado votará la próxima semana el proyecto de receta electrónica, mecanismo que obligará a los médicos a emitir las indicaciones utilizando la Denominación Común Internacional.
La iniciativa busca que los profesionales de la salud detallen el principio activo y no la marca comercial en el documento. Según estimaciones técnicas parlamentarias, la aplicación de esta flexibilidad en farmacias generaría una reducción automática cercana al 30% en el gasto de bolsillo.
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