El ministerio de Vivienda salió al paso de las versiones que apuntaban a una millonaria deuda con constructoras de proyectos sociales. Luego de que se informara que la cartera acumularía cerca de US$ 1.000 millones impagos, el organismo descartó tajantemente esa cifra y aseguró que el Plan de Emergencia Habitacional avanza conforme a lo programado.
En un comunicado oficial, la cartera sostuvo “la inexistencia de una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales y subrayamos que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha”.
El ministerio atribuyó la polémica a la presión que ha experimentado la industria tras la pandemia. “La inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”, explicaron.
Asimismo, defendieron que se ha mantenido un “monitoreo permanente del estado de los proyectos junto a la Cámara Chilena de la Construcción”. En esa línea, añadieron que “dentro de ese trabajo, se analizan regiones donde existen preocupaciones por la situación de los pagos, los cuales reportan -en su último informe- una cifra significativamente menor a lo publicado erróneamente en medios”.
La declaración también recuerda que, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, el ministerio “considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos”.
Si bien se reconoció la existencia de “un gasto mayor a su presupuesto vigente” en algunos Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), la situación se concentraría principalmente en la Región Metropolitana.
Finalmente, descartaron un eventual financiamiento externo para cubrir compromisos. “Lo que existe es un mecanismo habitual desde 2011, denominado confirming, que permite a las empresas adelantar el cobro de facturas aprobadas, sin comprometer recursos adicionales del Estado”, precisaron desde el Minvu.
