El pasado 17 de septiembre se cumplieron seis años desde la promulgación de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, más conocida como Ley de Aborto.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, entregó un balance respecto a la implementación de la normativa en Chile, señalando que entre enero de 2018 y septiembre de 2023, más de 3.600 abortos se han concretado bajo la legislación, ya sea por riesgo de la gestante, inviabilidad del feto y violación.
Si bien la secretaria de Estado destacó que la normativa contribuye en las garantías y derechos de las mujeres y niñas, fue enfática en expresar que aún "es necesario optimizar y mejorar la aplicación de esta ley y es por eso que en marzo de este año lanzamos el manual de 'consideraciones para la inspección sanitaria', que busca definir y fiscalizar el proceso de aplicación para velar el cumplimiento de esta ley y sus estándares".
Un estudio realizado por la organización Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), al que tuvo acceso 24horas.cl, reveló que sólo entre abril y junio del presente año, el 25% de las mujeres que asistió a un centro de salud para solicitar este procedimiento no logró acceder al derecho a interrumpir su embarazo pese a cumplir con los requisitos de la respectiva causal.
"En los servicios de salud las mujeres escuchan cosas erróneas, personal de salud diciendo cosas que no están en la ley. Entonces hay más mujeres que van y deciden no continuar intentándolo. Si reciben una barrera la ventanilla de ingreso, por ejemplo, o en la urgencia ginecológica y reciben información errónea o falsa, muchas se van. Entonces, no acceden a la causal", comentó a este portal Carolina Cisternas, coordinadora de proyectos de OLA.
En esa línea, las principales barreras de acceso dentro de los servicios de salud que reconocen las mujeres tienen relación con comentarios valóricos y religiosos, información errónea sobre la ley por parte de los equipos médicos y dilación para confirmación de diagnósticos.
"Lo que tienes ahí es un ser humano, puedes hacer reposo y Dios te va a ayudar a terminar tu embarazo", fue el comentario que recibió una mujer, según Cisternas, que intentó interrumpir su embarazo por tener un diagnóstico de insuficiencia cardiaca, mientras cursaba su semana 10 de gestación.
Según el estudio, otra barrera importante con la que se encuentran las mujeres y niñas es información falsa o errónea por parte de los equipos médicos. "Te tienes que estar muriendo para aplicar la ley", "tiene que hacer una denuncia para acogerse a la ley" y "hay que esperar que no haya latidos para acogerse a la ley", son algunos de los "diagnósticos" dados.
Las barreras ante violaciones
Desde la implementación de la ley, 822 mujeres abortaron tras ser violadas, siendo el 33% menores de edad. Más en detalle, el 52% de las niñas que abortaron por esta causal tienen 14 años o menos (142 casos), de las cuales el 33% tiene sólo 13 años (90).
Sin embargo, las mujeres y niñas que intentan acceder al procedimiento por haber sufrido una agresión sexual también se encuentran con obstrucciones en los servicios de salud. El sondeo señalado destacó que una de las mujeres que intentó interrumpir su embarazo fue "Acá no le podemos ayudar porque la fecha no coincide con lo que nos estas contando".
A lo anterior se sumó que la causal de violación cuenta con una limitación por ley: podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. De tratarse de una niña de menos de 14 años, la interrupción podrá realizarse mientras no haya superado las 14 semanas de gestación.
"Efectivamente, las semanas son una limitación para la causal 3, con todo lo que implica para alguien hacer el relato respecto de una violación. Es algo que nosotras desde Observadores de la Ley de Aborto vemos a diario. Nos contactan mujeres que después del shock de una agresión sexual pueden tardar mucho más que 2 o 14 semanas en relatar lo que les pasó. Creo que nos toca avanzar en mecanismos que amplíen esto", recalcó Carolina Cisternas.
Frente a ello, la coordinadora de proyectos de OLA sostuvo que en el caso de niña menores de 14 años "el aborto se tiene que hacer, porque de acuerdo a la ley no existe el consentimiento. Este procedimiento tiene que ser muy ágil y lo que creo que tenemos que transmitir es que los ginecólogos y ginecólogas, que están al interior de los recintos, hagan los procedimientos que la ley nos ampara".
"Existe mucho desconocimiento al interior de los equipos técnicos y médicos (...) Tanto el aborto con medicamentos y el aborto quirúrgico es un procedimiento muy sencillo y de eso también hay que hablar, no es un procedimiento costoso, no es un procedimiento riesgoso. Una niña no puede ser madre bajo ninguna circunstancia. Una niña tiene 30% más de probabilidad de morir en el parto en comparación a una mujer adulta", añadió.
A raíz de estas barreras, la representante de Observadoras de la Ley de Aborto afirmó que el acompañamiento y la información es "clave para la implementación de la ley" y entender "qué es lo que implica estar en cada una de las 3 causales".
"El acompañamiento es distinto a otras estrategias. El acompañamiento implica estar antes, durante y después, para que durante todo este proceso la mujer o la niña pueda ser tratada con dignidad, no se vulnere sus derechos y así poder identificar cuando le están entregando información falsa o errónea", concluyó.