Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial permitió desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de armas de fuego mediante tecnología de impresión 3D, la cual operaba en doce regiones del país.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, la indagatoria comenzó en 2024 y culminó con la incautación de más de 70 armas, 14 de ellas fabricadas con impresión 3D, y la detención de 58 personas. De los aprehendidos, 45 fueron detenidos durante el operativo, mientras que siete ya cumplían condena por delitos graves, como homicidios y secuestro.
En el procedimiento, también se arrestó a ocho menores de edad, cuatro ciudadanos extranjeros y a dos uniformados que estaban activos al momento de la indagatoria. Según el Ministerio Público, un militar traficaba armas robadas del Ejército y una carabinera proporcionaba información clave a los integrantes del grupo.
Modus operandi de la banda
Según la investigación, los imputados utilizaban redes sociales como Facebook y WhatsApp, además de plataformas de mensajería encriptada como Telegram, para ofrecer el armamento y coordinar las ventas sin revelar sus identidades.
Una vez concretada la transacción, enviaban las armas, municiones y piezas a distintas regiones del país mediante empresas de encomiendas.
La banda contaba con un taller propio equipado con la tecnología y herramientas necesarias para fabricar armamento en 3D. Respecto de los valores, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, precisó que su precio depende de las caracteristicas de cada elaboración.
"Va a depender mucho de lo que se esté fabricando, lo que se esté construyendo, pero el arma bordea entre los 80, 90, 220, 250 mil pesos. Cada arma es fabricada con modalidad 3D y algunos accesorios, creo que puede ser promedio 120 mil pesos por cada elemento", explicó.
La caída de la banda
La indagatoria comenzó al interior de la cárcel de La Serena, cuando la Fiscalía Occidente identificó a un grupo de internos comercializando armas y municiones a través de redes sociales.
"Se logró pesquisar la existencia de grupos destinados al tráfico de armas que se coordinaba en algunos casos desde el interior de los propios recintos penitenciarios", dijo el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén.
Por el momento, las autoridades advierten que casi mil personas integran estos grupos en redes sociales; por lo que las indagatorias aún se están desarrollando.
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