La muerte del niño de 12 años en San Bernardo tras ser víctima de una encerrona, inconscientemente, remontó en la memoria a un caso similar en 2021: Tamara Moya.
La pequeña de tan solo 5 años murió por un disparo en el marco de un robo de vehículo en Huechuraba. En este hecho que también conmocionó al país, entre los delincuentes culpables también estaba un menor de edad.
Ese año, los dos involucrados fueron condenados a las máximas penas que establece la ley: el mayor de edad, a presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel efectiva, mientras que el menor de edad quedó recluido 10 años en un centro del entonces Sename. Pero hoy, él tiene 23 años y cumplió la mitad de condena, por lo que ya puede acceder a beneficios.
Raúl Moya y Camila Almonacid conversaron con 24horas.cl: reaccionaron al caso, criticaron el sistema judicial, recordaron a su hija Tamara, analizaron la ley que lleva su nombre y afirmaron estar abiertos a dialogar con los padres del niño que falleció la madrugada del lunes.
La madre de Tamara relató que el impacto digital fue inmediato tras conocerse el nuevo homicidio. “Fue inevitable. Mucha gente al conocer sobre lo que pasó con el niño, comenzó a escribirme; fueron muchos mensajes porque apenas nombran la palabra encerrona, lo ligan directamente con Tamara. Aunque yo no viera televisión o no tuviéramos canales nacionales en la casa, a través de las redes sociales nos enteramos".
Por su parte, Raúl Moya manifestó su total empatía con el sufrimiento que enfrenta la familia afectada recientemente. El progenitor destacó que el escenario delictivo actual es prácticamente calcado al que destruyó a su propio hogar hace cinco años. Y es que la similitud radica en el uso de armas y en que los involucrados actúan de forma violenta y reiterativa.
Cabe mencionar que, según los antecedentes del caso de San Bernardo, uno de los menores de edad imputados registraba cuatro internaciones provisorias previas y lideraba la banda: tiene tan solo 17 años.
Crítica al sistema judicial
“Cuando ves gente que se dedica a delitos tan violentos, a una tan corta edad y de modo tan reiterativo, lo más previsible que puede ocurrir es que termine pasando lo que pasó ahora, que es donde matan a un niño inocente”, indicó Moya.
En ese sentido, Moya profundizó en que el sistema de justicia en Chile está fallando de manera transversal. A su juicio, los errores estatales se concentran tanto en las etapas de prevención del delito como en los procesos de reinserción social y el castigo efectivo.
"Hay una parte que depende, obviamente, de las posibilidades que tenga esa persona, pero hay otra parte que depende de lo que quiera esa persona hacer de su vida, o puede reinsertarse si no hay una voluntad del sujeto de hacerlo. Finalmente, también terminamos fallando en el castigo, porque al ser tan desproporcionados en función del daño que hace esta gente, les permiten ir empeorando su comportamiento una y otra y otra vez, especialmente a los menores de edad, porque nunca ven una consecuencia severa a sus actos (...) Tampoco creo que la solución definitiva sea solamente meter gente presa, los papás tienen que hacerse cargo", agregó.
Respecto a la legislación, Raúl criticó que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente permita a los menores de edad, entre 14 y 17 años, recibir penas rebajadas. En el caso de Tamara, el menor de 17 años condenado a la pena máxima de una década ya puede solicitar beneficios.
"Reconozco que obtuvimos la mayor justicia que nos podía otorgar el Estado de Chile. Que en ambos casos, tanto del mayor como del menor de edad, se aplicaban las penas máximas. Pero, por otro lado, siento que la ley es injusta. Porque en el caso del menor, la condena máxima eran 10 años de internación provisional: eso se me hace claramente insuficiente, no es solo injusto, es violento con nosotros".
Además, Raúl enfatizó que "sabemos que va a salir antes de que cumpla 10 años encerrado, porque ese es el enfoque de la Ley... él va a tener toda su vida por delante, va a hacer lo que quiera, va a tener la posibilidad de elegir. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir, nuestra hija menos".
La percepción familiar apunta a que el actual Gobierno no ha marcado una diferencia real respecto a la administración anterior. Según Moya, las autoridades y los políticos se indignan ante las tragedias, pero no ejecutan medidas de mano dura contra los menores infractores: "Hay muchos políticos a los que les da pena ejercer mano dura contra menores de edad, pero no así les da pena que haya papás que tengan que pasar por esta clase de dolor", dijo.
Finalmente, los padres de Tamara expresaron su intención de contactarse con los deudos del niño fallecido San Bernardo, siempre respetando el espacio de intimidad de la familia afectada.
"Me imagino que ellos deben estar procesando todo esto... El solo hecho de llegar a convencerte de que lo que pasó es real, te puede llevar meses. Uno puede tener la intención de acompañarle, pero siempre y cuando esto no sea una impertinencia de nuestra parte", cerró.
