Este jueves, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó a la contralora Dorothy Pérez como "antitrabajadores" durante un discurso en una manifestación en Valparaíso, luego de que Contraloría oficiara a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que detallen los descuentos de remuneraciones de docentes que adhirieron al paro nacional.
Cabe recordar que el gremio convocó a movilizaciones el 4 y 5 de junio debido a "insuficiencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación" en el marco de la agenda corta.
Bajo este contexto, el dirigente criticó "un dictamen de la contralora, la misma que quitó la confianza legítima. Primero, acción antitrabajadores y trabajadoras. Después, señaló que toda movilización tiene que ser castigada, pidiendo a cada SLEP que informe cómo se va a castigar a los profesores y profesoras por estar aquí".
El dictamen N° 52.122 de la Contraloría indica que "la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia".
En declaraciones que recoge LUN, Aguilar aseguró que "hay una operación bien sospechosa. Justo el día antes de nuestra movilización, sale ese oficio dirigido a los SLEP. O sea, claramente eso cumple un objetivo de amedrentamiento. Es una coincidencia que, para mí, no puede ser casual. Se podría calificar incluso como una práctica antisindical".
"Lo que no repara la contralora es que, además, resulta altamente sospechoso que emita ese oficio y, acto seguido, la UDI salga exigiendo que se hagan los descuentos a los docentes. Ahí hay una colusión política que me parece bastante evidente. Apenas se conoce el oficio, la UDI aparece pidiendo los descuentos. Claramente, con eso se está queriendo impedir el derecho a la manifestación, el derecho a huelga", agregó.
Para Aguilar, "esto viola convenios internacionales. Chile reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a manifestarse, a movilizarse e incluso reconoce el derecho a huelga. Por lo tanto, a nuestro entender, aquí hay varias irregularidades. Pero lo que más me preocupa es la colusión política que hay detrás, y que resulta muy evidente".
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