Uno de los principales ejes de la gestión de la nueva Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, será la elaboración de un proyecto de ley de modernización del servicio, iniciativa que ya cuenta con el apoyo del Gobierno y en especial, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Así lo expuso la Jefa Nacional de la Defensoría Penal Pública ante el presidente y vicepresidente del Senado, Manuel José Ossandón y Ricardo Lagos Weber, respectivamente, durante la reunión que sostuvo esta semana con los parlamentarios, en el marco de la visita protocolar de Encina a la Corporación, que también incluyó un encuentro con el secretario general, Raúl Guzmán.
El proyecto, según explicó la Defensora, contempla la autonomía institucional e incorpora a la legislación “toda la institucionalidad vigente en la Defensoría que no está amparada en la ley y que refuerza principios como la probidad, la transparencia y evita riesgos en torno a la disminución de la dotación y de las facultades de control interno".
"También incluye la parte presupuestaria, las contrataciones y todos los servicios que presta nuestra institución, además del resguardo de los derechos de los imputados", agregó la abogada, quien asumió el cargo el pasado 1 de mayo tras ser nombrada por el Presidente de la República, Gabriel Boric.
Sobre la recepción de la propuesta por parte de los legisladores, Encina destacó que “expresaron su interés en colaborar, escuchar y conocer el proyecto, y manifestaron su buena disposición para recibirlo de la mejor manera y aportar para que ello se concrete", puntualizando que "es fundamental el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública como parte del sistema de justicia".
"Queremos contribuir y promover debates"
Tras el encuentro, Verónica Encina también destacó su interés por mantener una relación permanente con el Senado, enfatizando que "como Defensoría Penal Pública, queremos contribuir y promover debates, y acompañar todos los procesos legislativos vinculados con nuestra misión".
“Queremos que nuestra opinión institucional sea escuchada, principalmente, respecto a los diversos proyectos de ley y modificaciones legales en el ámbito del Sistema de Enjuiciamiento Criminal, que se tramitan en la Corporación. Todo ello, con el propósito de racionalizar las discusiones y poner en consideración, los distintos factores que pueden impactar en una reforma legal”, concluyó la máxima autoridad de la Defensoría.
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