Elsa, de 87 años, denunció a su sobrino Juan Carlos Cortez por estafarla con la venta de su casa. La causa está en manos de la Fiscalía de Vallenar, en donde la mujer mayor presentó los antecedentes. En tanto, Cortez declinó hablar con Canal 24 Horas.
La vida de Elsa dio un vuelco a los 50 años, cuando perdió a su esposo. A ello se sumó la muerte de sus dos hijos, a causa del cáncer. Así, quedó sola en su casa de Maipú, sumida en la soledad.
"Pasé varios meses sola, no comía. Del frente me traían un platito de algo, porque yo no, no hallaba qué hacer, no quería salir a la calle", relató.
En ese contexto, contactó a un sobrino de Vallenar, a quien le manifestó que quería vender su casa para irse de Santiago. Fue ahí cuando Cortez le ofreció ayuda. Ambos firmaron un mandato notarial, en que la mujer le cedía a su sobrino el poder para suscribir contratos de compraventa del inmueble.
Cuando Elsa fue a Vallenar, descubrió que su casa ya no estaba a su nombre, sino a nombre del hijo de su sobrino. "Tiene que saber usted, me dijo el caballero, la casa no está a su nombre", recordó.
En la región de Atacama se firmó un contrato de compraventa por un monto de 25 millones de pesos, dinero que Elsa nunca percibió. "Ni 10 pesos", afirmó. "Que se terminen los abusos. No soy la primera, cuánta gente hay que ha quedado en la calle, porque no tiene un peso", agregó.
Denuncia por estafa
Las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso. "Esa investigación está vigente actualmente en la fiscalía, se han realizado diversas diligencias durante el tiempo en que la causa se mantiene vigente y he tomado la decisión de, con los antecedentes que hay, solicitar una audiencia de formalización de la investigación, por ahora por el delito de estafa", explicó el fiscal de Vallenar, Guillermo Zárate.
Patricio Meza, abogado de Grupodefensa.cl, profundiza: "Si se llega a aprobar, efectivamente, a través de esta trazabilidad de que no hubo un pago, podríamos estar frente a un delito de estafa, administración desleal y simulación al mismo tiempo".
El Ministerio Público investiga los antecedentes financieros de los imputados, para verificar el destino de los 25 millones de pesos del contrato de compraventa.
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