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Senado aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

La medida fue respaldada con 39 votos a favor y uno en contra, y ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.

24horas.cl

ATON

Martes 27 de enero de 2026

El Senado aprobó este lunes una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío. La medida fue respaldada con 39 votos a favor y uno en contra, y ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados para entrar en vigencia.

La prórroga tendrá una duración de 30 días a partir del 26 de febrero de 2026 y corresponde a la última extensión solicitada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, considerando que el 11 de marzo asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

Durante el debate, parlamentarios plantearon la necesidad de llevar a cabo una evaluación integral del impacto de la medida, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución. En ese contexto, la Cámara Alta solicitó revisar tanto los indicadores de seguridad como los recursos públicos invertidos durante el periodo de vigencia del estado de excepción.

En representación del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se comprometió a entregar “un documento que refleje lo realizado durante todo el periodo”, con el objetivo de transparentar los resultados del despliegue policial y militar. Además, informó que ya mantiene una reunión agendada con su sucesor, en una señal de continuidad institucional ante el cambio de administración.


El debate también abordó el escenario futuro en la Macrozona Sur, especialmente las decisiones que deberá adoptar el próximo gobierno, el destino de las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento y la continuidad de los planes Buen Vivir y Ercilla, considerados fundamentales para enfrentar el conflicto territorial desde una perspectiva política y social.

Como en votaciones anteriores, una amplia mayoría de senadores reconoció que la medida ha tenido un efecto disuasivo y ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la zona. Sin embargo, advirtieron que “los ataques que cada cierto tiempo ocurren demuestran que las células siguen operando”, lo que mantiene vigente la necesidad de esta herramienta excepcional.

En ese sentido, legisladores defendieron el uso del estado de excepción como “una herramienta utilizada con responsabilidad”, recalcando que “no ha nacido desde la improvisación ni desde la negación de los problemas históricos del territorio”.

No obstante, también surgieron críticas desde sectores del oficialismo, que alertaron sobre denuncias de comunidades indígenas por allanamientos desproporcionados y uso excesivo de la fuerza. En esa línea, se advirtió que cuando existe un patrón reiterado de acusaciones, estas no pueden ser ignoradas, y que “hemos confundido presencia militar con política de seguridad”, subrayando la necesidad de una estrategia más integral.

Finalmente, se hizo un llamado al Ejecutivo a construir un relato coordinado respecto de una eventual desescalada del estado de excepción, enfatizando que “el Estado ausente es parte del problema” y que la excepcionalidad no puede transformarse en una condición permanente para el control del orden público en la Macrozona Sur.