Tras más de un mes, la Contraloría General de la República emitió este jueves su dictamen contra la otrora ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña. El texto concluyó que la otrora jefa de cartera excedió sus facultades al pedir información sobre la investigación del "Clan Chen" en Tarapacá, desencadenando posteriormente la salida de la autoridad policial.
Según la institución, Steinert excedió de sus facultades, faltando al deber de abstención en cuanto al oficio reservado enviado a la policía civil.
Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista que presentó el requerimiento ante la Contraloría, remarcó al Canal 24 Horas que la exministra de Estado "actuó fuera del marco de sus atribuciones".
"Se pide información respecto a una causa en curso, a la cual tuvo acceso en su calidad de fiscal. Esa delimitación que debe estar entre las funciones de un fiscal y luego, en el ejercicio de otras funciones como ministra, es lo que cuestiona la Contraloría", acusó.
Para el congresista, la arista "más grave es que se transgredió el deber y principio de abstención de todo funcionario público".
"Se instrumentaliza un requerimiento para un órgano del Estado donde tenía un grado de involucramiento", destacó.
¿Posible acusación constitucional?
Leiva subrayó que, "si bien tenemos un elemento grave que es el dictamen de Contraloría", el futuro legislativo será analizado de manera "responsable".
Trinidad Steinert
Consultado sobre una posible acusación constitucional contra Steinert, "siempre hemos creído de que hay que actuar con seriedad y responsabilidad", manifestó.
"Es importante ver y analizar lo complejo y grave de esta situación. No solo por la transgresión misma, sino además porque queremos ver y mantener de que existe una clara delimitación entre la seguridad pública y la persecución criminal", prosiguió.
Leiva también se mostró partidario de, antes de una AC, crear una comisión especial investigadora para "establecer esta fiscalización sobre los actos de gobierno para separar entre el poder político y la persecución criminal".
El pronunciamiento del organismo fiscalizador ocurrió además tras el cambio de gabinete del pasado 19 de mayo, que terminó con la salida de Steinert del Ejecutivo y el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad.
El oficio que abrió la controversia
La controversia se originó a raíz de un oficio reservado enviado por Steinert el 13 de marzo al director general de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir el Ministerio de Seguridad.
En el documento, la entonces ministra solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a investigaciones del denominado "Clan Chen" en Tarapacá, incluyendo nombres, grados jerárquicos, razones de traslado y eventuales antecedentes disciplinarios.
El pronunciamiento del organismo respondió a un requerimiento presentado por el diputado PS Raúl Leiva, quien solicitó revisar la legalidad del oficio enviado por la exautoridad.
La polémica remoción de Consuelo Peña
El caso tomó mayor fuerza luego de que se conociera la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio.
Diversos reportes de prensa apuntaron a que Steinert habría solicitado personalmente la remoción de Peña, en medio de diferencias arrastradas desde la época en que la exministra ejercía como fiscal regional de Tarapacá.
Pese a la controversia, Steinert negó reiteradamente haber ejercido presiones para concretar la salida de Peña.
Cerna defendió procedimiento de la PDI
En medio de la polémica, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, compareció el pasado 6 de abril ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que defendió la legalidad del procedimiento adoptado por la institución.
"Quien toma las decisiones de la PDI es este director general", afirmó Cerna, asegurando que la salida de Peña se realizó bajo las facultades que le entrega la ley orgánica de la institución.
Además, sostuvo que el retiro de la exsubdirectora se ajustó al marco normativo vigente y recordó que Peña ya contaba con más de 36 años de servicio. "Estas decisiones son siempre institucionales", enfatizó.
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