El Consejo de Defensa del Estado (CDE) confirmó este miércoles 26 de noviembre que determinó ampliar la querella penal en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".
Cabe recordar que el pasado lunes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los tres abogados detenidos por su presunta responsabilidad en este hecho, quienes continuarán en Capitán Yáber.
Se trata de la pareja de la exministra Vivanco, Gonzalo Migueles, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
La indagatoria está a cargo la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.
Ampliación de querella contra Vivanco
Tras una reunión con las autorides de Gobierno, específicamente con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y con el titular de Justicia, Jaime Gajardo, el Consejo de Defensa del Estado anunció la ampliación de la querella interpuesta contra Vivanco.
Raúl Letelier, presidente del organismo, explicó que el CDE "comparte la preocupación del Gobierno referida a este caso", añadiendo que han "intervenido en general en todas las aristas referidas al Caso Audio desde el comienzo con la prontitud que se requiere en casos como este".
En este contexto, informó: "El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco".
"Y esperamos también ser parte importante de las investigaciones desarrolladas en ese ámbito para poder perseguir a todos las personas y funcionarios públicos que puedan haber intervenido en este en estos tipos de hechos", agregó.
En esta línea, aseveró que "en los casos penales es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos, los entendemos así y parte de que las instituciones funcionen es que, precisamente, se den este tipo de querellas, se den este tipo de persecuciones y obtengamos en algún momento la condena penal, que es la que buscamos".
Por su parte, Elizalde declaró que "queremos manfiestar con firmeza la importancia del total y absoluto esclarecimiento de los hechos vinculados al denominado caso Muñeca Bielorrusa, entendiendo que una investigación exhaustiva, transparente y rigurosa es indispensable para resguardar la confianza pública enlas instituciones y asegurar el pleno respeto al Estado de Derecho".
"Cuando la probidad se ve amenaza, el Estado debe responder con toda la fuerza de las instituciones", aseguró el secretario de Estado.
Por ende, dijo que el Ejecutivo "reitera que toda conducta eventualmente constitutiva de delito o falta a la probidad debe ser investigada con el máximo rigor y que de comprobarse responsabilidades, corresponde aplicar las sanciones más severas que establece nuestro ordenamiento jurídico, aquí no hay espacio para la duda, la verdad completa y la justicia total son intransables y Chile demanda y merece claridad absoluta".
"Asimismo el Gobierno valora y reconoce las decisiones que ha adoptado el propio Poder Judicial orientadas a iniciar procesos disciplinarios y cuando corresponde la destitución de magistrados involucrados en hechos que pudieran afectar la integridad del sistema de justicia", agregó.
"También es necesario destacar el trabajo desarrollado por la Fiscalía, cuyas investigaciones han permitido avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de los hechos y esperemos que ese esfuerzo continúa", valoró.
También reconoció "las querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado y por Codelco, cuyas actuaciones reflejan que todas las instituciones con facultades legales contribuyan activamente a la defensa del interés públicos, porque no debemos olvidar que en este caso se afectó el patrimonio de Codelco y, por tanto, el patrimonio de todas las chilenas y chilenos".
"Reafirmamos que ninguna forma de corrupción, abuso o falta de probidad debe ser tolerada. (...) La confianza pública es sagrada y quien la traicione debe responder ante la justicia", dijo.
"Nuestra democracia se cuida con coraje y con la aplicación estricta de la ley y, por ello, el Gobierno reitera su compromiso con el total esclarecimiento de este caso y la plena aplicación de la justicia. Seguiremos apoyando el esfuerzo investigativo que está llevando adelante el Ministerio Público y valoramos las querellas presentadas por CDE y Codelco", cerró.
Querella de Codelco contra Vivanco
A mediados de noviembre se informó que la empresa Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos.
La acción judicial es también contra los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; y contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber ; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Anton Najle, y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
La acción se funda en la exposición de antecedentes contundentes por parte del Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y del contador Migueles Oteiza. El relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
En el escrito ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Corporación sostiene que las intervenciones descritas por el Ministerio Público coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio.
La querella describe lo ocurrido como un "patrón de comportamiento", en el que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.
Codelco resalta en el documento que la exministra "efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta".
Ver Video
