El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó la investigación que se realiza por los convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
La polémica surgió debido a que el acuerdo fue suscrito entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo es su actual pareja.
Desde la sede de la cartera, Montes respaldó la indagatoria que la Fiscalía inició por los contratos, asegurando que "enviamos un equipo investigador a la región de Antofagasta. Estuvimos anoche reunidos hasta altas horas, y ahora en la mañana, para informarnos de todas las situaciones que se estaban provocando, los antecedentes que se lograron recabar".
El titular del Minvu adelantó que "logramos recopilar información relevante, que entregaremos directamente a la Fiscalía para la correspondiente investigación. Información de distinta naturaleza, que corresponde entregársela directamente a Fiscalía".
Además, la autoridad anunció un sumario administrativo "que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el 2015, y aplicados por primera vez en 2019".
"Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan, y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Nuestro mensaje es claro: esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable", subrayó.
Finalmente, el ministro indicó que "lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya lo han gastado. Aquella parte que no han gastado, y que está en proceso de revisión, nos parece que lo sensato y razonable es que lo pongan a disposición"
"Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos", agregó, remarcando que el “Gobierno no descarta presentar una querella”.