La Cámara de Diputadas y Diputados acogió este jueves la "cuestión previa" presentada por la defensa del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por lo que acusación constitucional (AC) quedó como "no interpuesta", es decir, sin efecto.
Con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, la acusación constitucional no avanzó en su trámite legislativo.
La ofensiva política ingresada por la oposición no recibió el respaldo necesario de los parlamentarios presentes en la Sala.
Concretamente, el abogado de la autoridad de Gobierno, Pablo Ruiz-Tagle, apeló a que el libelo acusatorio era "imperfecto", un "desprecio por el derecho y la racionalidad" y que presentaba "errores de forma y de fondo".
Además, aseveró que su contenido tiene referencias "grotescas" del Código Penal, las cuales fueron "copiadas de otra parte".
"Carece de un mínimo estandar de fundamentación, no da cuenta de las infracciones que se imputan, porque confunde reproches políticos a la gestión ministerial con infracciones a la ley. Así entonces, confunde errores de derecho y cae en errores de lógica argumentativa severos", argumentó.
De esta forma, la acusación constitucional presentada por Chile Vamos y el Partido Republicano contra Montes, por sus presuntas responsabilidades en el Caso Convenios, no seguirá su trámite.
Es importante precisar que la "cuestión previa" es un mecanismo procesal con el que se cuestionan las condiciones reglamentarias de la acusación y que en esta ocasión fue convocado por el propio secretario de Estado y su defensa.
Contenido de la acusación constitucional
El libelo contenía cinco capítulos que acusaban al ministro de Vivienda de haber dejado de ejecutar leyes, trasgredir la Constitución y de "inobservancias" ante los convenios irregulares suscritos entre las reparticiones de la cartera y diversas fundaciones, entre ellas, Democracia Viva.
Desde Chile Vamos y el Partido Republicano definieron esta acusación constitucional como "anticorrupción".
Lo anterior, debido a que los capítulos del texto acusatorio apuntan principalmente a que Montes "no observó" el principio de probidad administrativa.