El Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Antinarcotráfico que fue despachada por el Senado a mediados de marzo y se vio detenida su tramitación debido a que fue presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), defendiendo el uso de la cannabis medicinal.
Según dijo el Mandatario, "tras una larga lucha de los usuarios del cannabis medicinal en Chile, esta ley permite su cultivo para el tratamiento de enfermedades".
En esta línea, expresó que "esas personas no son delincuentes" y explicó que el cultivo estará permitido "siempre cuando esto sea para el uso personal, indicado por el médico y bajo una receta".
"Tenemos que aprender como sociedad también a diferenciar y a centrar los esfuerzos del Estado en la persecución de los verdaderos delincuentes", agregó.
⭕ @GabrielBoric por ley anti narcotráfico: "Esta ley permite el cultivo de la cannabis para el tratamiento de enfermedades. Esas personas no son delincuentes. Por supuesto, esto es para uso personal, indicado por un médico y bajo receta".
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En este sentido, el jefe de Estado sostuvo que con este artículo de la ley "queremos concentrar los esfuerzos y recursos para perseguir a quienes delinquen, a quienes son peligrosos y no a quienes cultivan cannabis para fines medicinales".
"Un paso muy importante"
Específicamente de la nueva ley, el Presidente Boric sostuvo que "es un paso muy importante en la dirección de impedir que las organizaciones se enriquezcan. Hay muchas que, durante mucho tiempo, se acostumbraron a ostentar el producto de sus delitos y se generó una cultuar de ostentación que pareciera haberse naturalizado".
"Fue uno de los 16 proyectos de seguridad que como Gobierno dimos urgencia en el Congreso durante marzo, lo que permitió una tramitación rápida (...) Destaco la aprobación transversal que esta ley ha tenido", agregó el Mandatario.
La ley, complementó Boric, "fortalece la persecución de la ruta del dinero tras el narco y el crimen organizado, incorporando la fiscalización de actividades sospechosas a nuevos rubros antes no considerados".
Además, "regula el destino de los bienes incautados en estos delitos, lo que permitirá que el valor de estos sean transferidos a instituciones con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol".
Posteriormente, el jefe de Estado enfatizó que "el respeto a los derechos humanos no es incompatible con la persecución firme, categórica e implacable de quienes cometen delitos, atemorizan a nuesta gente y le roban los espacios públicos al pueblo".