Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta original del Gobierno con la denominada norma de 'amarre' que está dentro del proyecto de Ley de Reajuste al Sector Público.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, (hubo abstenci´´on en el oficialismo) la iniciativa pasará a la sala de la cámara este miércoles 14 de enero.
En la instancia, el proyecto fue despachado, pero se rechazó la indicación ingresada por el Gobierno que aumentaba de dos a cinco los años de ingreso para tener la posibilidad de reclamar ante Contraloría el despido, lo cual fue informado esta tarde por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
"Estamos haciendo un cambio, porque en nuestro diseño inicial, lo que nosotros presentamos, fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría, eran personas que estaban a contrata de al menos hace 2 años y cambiamos ahora ese número de 2 años a 5 años", dijo la autoridad de Gobierno.
La iniciativa aprobada, además, deja expresado que todos los asesores de confianza, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos en que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas.
"Ley de amarre": ¿qué consiste?
Según consignó La Tercera, el proyecto señala que “la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”.
“La notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”, se indica.
Además, se propone “que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026”.
“Si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, se plantea.
Asimismo, se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.
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