La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles la idea de legislar un proyecto que buscaba incorporar criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los convenios de pago que la Tesorería General de la República (TGR) ofrece a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa, impulsada por parlamentarios del Frente Amplio, obtuvo seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención, resultado que no alcanzó para aprobar la idea de legislar. Ahora deberá ser revisada por la Sala de la Cámara con un informe negativo.
El debate se produce en medio de la controversia por los procesos de cobro iniciados por la Tesorería a cientos de miles de personas con deudas impagas del CAE, obligaciones que el Estado asumió como aval ante las instituciones financieras.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta buscaba modificar la Ley N°20.027 para establecer nuevas reglas en los convenios de pago suscritos entre la Tesorería y los deudores morosos.
Entre sus principales medidas estaban:
- Permitir regímenes diferenciados para deudores con ingresos inferiores a $5 millones mensuales.
- Obligar a considerar la capacidad económica de cada persona al fijar el pie inicial y las cuotas.
- Aplicar criterios de proporcionalidad y razonabilidad para compatibilizar el pago de la deuda con la situación financiera del deudor.
- Autorizar la modificación de los convenios cuando existan cambios sustanciales en la situación económica acreditada.
Los impulsores de la iniciativa argumentaron que existen casos en que las personas deben pagar pies iniciales de varios millones de pesos para acceder a convenios de hasta 24 cuotas, situación que, aseguran, ha derivado incluso en recursos judiciales.
La defensa del proyecto desde la oposición
El presidente de la Comisión de Ciencias, diputado Daniel Manouchehri (PS), defendió la propuesta y afirmó que buscaba facilitar el cumplimiento de las obligaciones.
"Es un proyecto absolutamente razonable. Lo que hace este proyecto es darle facilidades para que la gente pueda pagar y que a la gente no se le embargue de la manera que se les está embargando en este momento", sostuvo.
Según el parlamentario, muchas personas reconocen la deuda, pero necesitan mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones de forma ordenada y acorde a su realidad económica.
En la misma línea, el diputado José Montalva (Ind.-PPD) aseguró que la discusión debe centrarse en las personas afectadas por los cobros.
"¿Qué le diría usted a una persona a la que le embargaron su cuenta? Que además ha dicho de forma clara y categórica que quiere pagar. Lo único que quiere es que le hagan un convenio donde pueda hacerse cargo de sus necesidades más básicas y, por otro lado, de pagar sus obligaciones", señaló.
Oficialismo cuestionó constitucionalidad y falta de antecedentes
Desde el oficialismo, el diputado Andrés Celis (RN) criticó la iniciativa y sostuvo que no existían antecedentes suficientes para justificar los cambios propuestos.
"Los que ganan arriba de cinco millones de pesos y de tres millones y medio, hemos solicitado al Frente Amplio y al Partido Comunista que nos envíen el listado de aquellas personas que se les ha cobrado, así como también de quienes ganan menos de tres millones de pesos. Hasta hoy no conocemos ninguna denuncia formal", afirmó.
Celis además calificó la propuesta como "un proyecto inconstitucional" y advirtió sobre el impacto fiscal de las deudas impagas del CAE.
La abstención del diputado Patricio Briones (Partido de la Gente) terminó siendo clave para el resultado de la votación, en una sesión marcada por recriminaciones cruzadas respecto de la responsabilidad política en el aumento de la morosidad y el futuro del sistema de financiamiento estudiantil.
Con el rechazo en comisión, la iniciativa continuará su tramitación en la Sala de la Cámara, donde los parlamentarios deberán decidir si respaldan o no la idea de legislar pese al informe negativo emitido por la instancia especializada.
