La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) realizar un sumario administrativo para determinar responsabilidades de funcionarios públicos, tras las publicaciones que aludían a un supuesto “Estado en quiebra”.
La decisión se da luego de diversas denuncias presentadas por parlamentarios y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de particulares, quienes cuestionaron el contenido de mensajes asociados a la campaña #PlanChileSaleAdelante.
Cuestionamientos por probidad y prescindencia política
Según el dictamen N° D254/2026 al que tuvo acceso exclusivo 24 Horas, las presentaciones apuntaron a que las expresiones utilizadas por autoridades del Ejecutivo —como “Estado en quiebra” o “Estado endeudado o quebrado”— podrían contravenir principios de probidad administrativa y prescindencia política.
La Contraloría recordó que los funcionarios públicos deben actuar conforme a la Constitución y la ley, respetando normas como la Ley N° 18.575, que regula las bases de la Administración del Estado. Esta establece, entre otros puntos, la prohibición de realizar actividades políticas en el ejercicio del cargo.
Asimismo, el organismo enfatizó que las redes sociales institucionales son un bien público, por lo que su uso debe limitarse a difundir información directamente vinculada a las funciones del servicio.
