La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de apelación presentado por la defensa de la imputada, Catalina Pérez, en el marco de la cautelar por Caso Convenios y decretó arresto domiciliario nocturno para la desaforada diputada imputada por fraude al fisco.
“(…) En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial, es decir, una afectación mayor de derechos y no tenemos una explicación que dé cuenta, salvo eventualmente la gravedad del hecho, que son elementos ya considerados o argumentos que señaló el tribunal, la calidad de diputada de la imputada, pero, por cierto, eso no son elementos que digan relación con la necesidad de cautela. Tendrán importancia eventualmente para la imposición de una pena definitiva, pero no dicen ninguna relación con la necesidad de cautela”, señala la resolución.
Desde este punto de vista “debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, en este caso la seguridad social y apareciendo en el estadio procesal, en el avance de proceso, con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, como por lo demás se ha dispuesto con todos los demás imputados en esta causa, se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa”.
“Revocándose la misma, mediante la cual no hizo lugar a mutar la medida cautelar impuesta a la imputada Catalina Ilona Io Pérez Salinas y, en su lugar, se impone como medida cautelar la de privación de libertad domiciliaria parcial la que regirá entre las 08,00 de la noche y las 08,00 de la mañana del día siguiente”, concluye la resolución.
Según el ente persecutor, la imputada estaba en conocimiento del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras, entonces seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la fundación, con el objetivo de intervenir en obras menores en campamentos de la ciudad de Antofagasta, sin llegar a ejecutar las obras.
