La diputada de Renovación Nacional (RN), Paula Labra, ofició a la Superintendencia de Salud para que cumpla con su rol fiscalizador frente a los términos de los convenios entre diversas clínicas e isapres.
Al respecto, la parlamentaria explicó que “el término de los convenios entre clínicas e isapres afecta directamente el bolsillo de las personas en salud, porque el paciente tiene que pagar inmediatamente el costo total al centro de salud y posteriormente gestionar el reembolso con su isapre".
La legisladora por la región del Maule añadió que “la Superintendencia de Salud, que tiene como objeto y misión proteger el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, y pese a las señales que se han venido dando, a lo menos de manera pública, no ha dado señales de cumplir con este objetivo”.
Por lo mismo, la diputada indicó que "hemos solicitado cuáles son las medidas, normativas o de fiscalización, que ha adoptado esta Superintendencia para poder cautelar la garantía de los pacientes que se han visto afectados por el término de convenios entre las instituciones de salud y prestadores privados de salud”.
En este sentido, la parlamentaria solicitó las siguientes medidas:
⦁ Informar si ha tomado conocimiento de términos de convenio entre Instituciones de Salud Previsional y prestadores privados en salud al tenor de lo dispuesto en el número 5 del inciso tercero del artículo 189 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, detallando cuáles son los convenios terminados, con qué fecha ocurrió el término y el motivo de tal terminación.
⦁ Informar si esta Superintendencia ha realizado procedimientos de fiscalización respecto de determinadas Instituciones de Salud Previsional, con ocasión del término de convenio con prestadores privados, y si ha aplicado alguna sanción a raíz de aquellos.
⦁ Informar el número total de reclamos administrativos o solicitud de resolución de controversia en juicio arbitral recibidos con ocasión o a raíz de términos de convenio durante este año 2022, informando en qué fecha se presentaron los primeros reclamos sobre esta materia durante este mismo año.
⦁ Informar si, a raíz de los reclamos o solicitudes de resolución de controversias requeridos en el punto anterior, esta Superintendencia inició algún procedimiento administrativo de fiscalización.
⦁ Informar cuáles medidas normativas, sancionatorias o de fiscalización ha adoptado esta Superintendencia para cautelar las garantías de los pacientes que se han visto afectados por el término de convenio entre una Institución de Salud Previsional y un prestador privado en salud, en particular, respecto de aquellos pacientes beneficiarios de coberturas que requieren un prestador designado o derivado de atención (GES, CAEC o "Ricarte Soto").