Este martes se realizó el sorteo para definir los diputados y diputadas que revisarán la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano.
Los designados para realizar un informe no vinculante para la Cámara fueron:
- Carlos Bianchi (Independiente-PPD)
- Marcela Hernando (Partido Liberal)
- Alejandro Bernales (Partido Liberal)
- Luis Fernando Sánchez (Republicano)
- Joanna Pérez (Movimiento Demócratas)
¿Qué dice la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau?
De acuerdo con el documento ingresado este lunes, los parlamentarios acusan a Grau de haber vulnerado la Constitución por:
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Inconsistencias y omisiones en la programación fiscal: Se le cuestiona la elaboración del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP 4T25), publicado en febrero de 2026
. Según la acusación, este instrumento oficial omitió e incorporó de forma solo parcial diversos compromisos de gasto vigentes del Estado, tales como el reajuste del Sector Público, el incremento de la cotización previsional de empleo público y deudas pendientes. -
Desatención a advertencias técnicas: El texto señala que el exministro mantuvo y defendió públicamente proyecciones deficientes pese a haber recibido reiteradas alertas formales de organismos técnicos especializados, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
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Inconsistencia aritmética en la deuda pública: Se le imputa una falta de coordinación y coherencia en el programa financiero de mediano plazo para el periodo 2026-2030
. El libelo expone que existió una desconexión material entre la trayectoria proyectada del balance fiscal (donde los déficits aumentaron significativamente) y la evolución de la deuda bruta informada, la cual no reflejaba proporcionalmente cómo se financiaría dicha diferencia. -
Subestimación del déficit fiscal: La acusación sostiene que bajo su gestión se proyectó un balance efectivo de -1,8% del PIB para 2026 basándose en supuestos exigentes de recaudación tributaria que no se condijeron con la realidad, lo que obligó a las autoridades posteriores a corregir la proyección del déficit elevándolo a un rango de entre -2,4% y -2,9% del PIB.
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Vulneración de principios de transparencia y probidad: Los firmantes argumentan que se entregó al Congreso, a los mercados y a la ciudadanía información fiscal que no cumplía con los estándares de veracidad, completitud y consistencia exigidos por la ley, afectando la credibilidad institucional del manejo de las estadísticas fiscales
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