Cuando aún no se cumple un mes desde que asumió en sus funciones, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció que realizará importantes cambios a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber.
El principal razonamiento de estos cambios, es que el reglamento actual "genera mucho daño no sólo a la industria. No sólo a los conductores de las aplicaciones, sino que también a las comunidades, a los pasajeros, a los usuarios", aseguró de Grange en conversación con La Tercera.
Pero este motivo no sólo impulsa los cambios, sino que también habría sido la razón por la cual de Grange le pidió al exministro Juan Carlos Muñoz que no publicara el reglamento.
Un gran número de restricciones
Dentro de las razones por la cual el reglamento debiera ser modificado, según el ministro, es que contempla una gran cantidad de restricciones para los conductores y vehículos, limitando la oferta de estos.
"Tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias, asociadas a la antigüedad del vehículo, a la cilindrada. Por ejemplo, plantea que no podías moverte entre comunas vecinas, es bien absurdo. Tenía restricciones que se traducían en reducir entre un 80 y un 90% la oferta. Es decir, si tú aplicabas esas restricciones del reglamento dejabas fuera como a un 85% de los vehículos y/o conductores", explicó.
Sin embargo, el reglamento de la ley está a un paso de ser publicado, por lo que su modificación podría ser difícil, algo que el ministro descarta.
"El reglamento nuevo ya está prácticamente listo, pero tenemos que conversar con Segpres y con Contraloría para que el proceso de publicación de esta nueva versión del reglamento sea lo más efectiva posible (...) Hay que hacer algo bien paradójico. Hay que publicar la versión antigua y repasarla rápidamente por la nueva versión del reglamento", detalló.
Impacto de los cambios
El nuevo reglamento tendría como consecuencia que "un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad", ya que no habrían tantas restricciones como contempla la legislación actual. "Desde el punto de vista de la política pública, los cambios buscan mantener la conectividad en comunas periféricas, suburbanas y rurales, además de evitar incrementos tarifarios y deterioro en la calidad del servicio", explicó.
Esto se logrará gracias a la eliminación de restricciones como antigüedad de los vehículos o la cilindrada de éstos para que puedan funcionar como vehículo de aplicaciones.
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