Tras conocerse el escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas, la bancada de senadores de la UDI presentó un proyecto de ley que busca reforzar las atribuciones de la Contraloría General de la República y cerrar los vacíos legales que hoy permiten que funcionarios públicos eludan su responsabilidad administrativa simplemente renunciando.
Fueron más de 25.000 casos de licencias médicas presuntamente irregulares detectados por el ente persecutor, muchos de ellos vinculados a exfuncionarios. Ante esto, el proyecto permite iniciar procedimientos disciplinarios aun cuando el involucrado ya no forme parte del Estado, dejando constancia formal de su responsabilidad en su hoja de vida funcionaria.
La iniciativa también faculta expresamente a la Contraloría para acceder a información bancaria institucional cuando se trate de fondos públicos, eliminando cualquier obstáculo vinculado al secreto bancario.
“Hoy lo que estamos haciendo es cerrar la puerta giratoria de la impunidad. No puede ser que funcionarios públicos que abusaron de su cargo escapen por la ventana de la renuncia para eludir toda responsabilidad. La Contraloría ha hecho su trabajo, pero necesita herramientas reales para perseguir a quienes defraudan al Estado incluso después de haber dejado sus funciones”, afirmó el jefe de bancada UDI, senador Sergio Gahona.
“Este proyecto apunta directo al corazón del problema: proteger los recursos públicos y restablecer la ética en el servicio público. No más blindajes, no más zonas grises. El que la hace, la paga, aunque ya no esté en el cargo”, agregó Gahona.
El subjefe de bancada, senador Gustavo Sanhueza, hizo además un llamado al Ejecutivo a actuar con decisión: “Le pedimos al Gobierno que no acepte ni una sola renuncia más en el caso de las licencias médicas hasta que se inicien los sumarios correspondientes. Si permiten que los responsables se vayan por la puerta ancha antes de ser investigados, están garantizando impunidad”.
Sanhueza añadió que aceptar renuncias sin investigar puede incluso abrir la puerta a nuevas contrataciones: “Mientras en el Congreso tramitamos el proyecto que busca cerrar justamente esta puerta de escape, el Ejecutivo tiene la obligación política y ética de actuar con firmeza. Además, iniciar los sumarios antes de aceptar renuncias es la única forma de dejar constancia de las responsabilidades y evitar que estas personas puedan ser recontratadas en otro servicio público al día siguiente, como si nada hubiera pasado”.
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