El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un duro informe sobre el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, advirtiendo que la iniciativa presenta riesgos para derechos fundamentales como la libertad de expresión, el principio de proporcionalidad penal y la igualdad ante la ley.
El organismo sostuvo que el proyecto podría terminar criminalizando expresiones artísticas y políticas desarrolladas en el espacio público, además de imponer consecuencias que afectarían especialmente a jóvenes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
Gráfica del Registro Nacional de Vándalos - Agencia Uno
¿Qué busca el proyecto?
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo y actualmente en discusión con suma urgencia en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades y establece una serie de restricciones para quienes sean incorporados a él.
Según el Gobierno, la iniciativa busca fortalecer la seguridad pública y evitar que personas condenadas por determinados delitos o incivilidades accedan a ciertos beneficios financiados con recursos estatales.
INDH advierte riesgo de criminalizar el arte y la expresión pública
Uno de los principales cuestionamientos apunta al nuevo delito de rayados no autorizados contemplado en la iniciativa.
Según el informe, la figura penal fue redactada de manera demasiado amplia, ya que considera "rayados, dibujos, mensajes, firmas u otras expresiones" en bienes públicos o privados, "sin distinguir entre el daño al patrimonio, la expresión artística y la manifestación política".
Por ello, el INDH recomendó "evitar una redacción que pueda comprender de manera amplia e indeterminada expresiones artísticas, culturales, sociales o políticas desarrolladas en el espacio público", al estimar que podría entrar en conflicto con la libertad de expresión protegida por tratados internacionales.
Rayados en la vía pública de Valparaíso - Agencia Uno
El organismo cuestiona que el registro opere como un "doble castigo"
Otro de los principales reparos apunta al funcionamiento del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
En el informe, el INDH sostiene que "no constituye un mecanismo neutro de registro, sino un sistema autónomo de consecuencias materialmente punitivas que se imponen sobre la condena principal sin evaluación judicial individualizada".
El organismo cuestiona que el registro incorpore automáticamente 15 medidas restrictivas sin una evaluación judicial caso a caso y advierte que aplicar el mismo catálogo de consecuencias a conductas de distinta gravedad vulnera el principio de proporcionalidad penal.
En esa línea, afirma que "la equiparación de consecuencias entre delitos de alta gravedad y simples contravenciones viola el principio de proporcionalidad penal", agregando que la aplicación uniforme de esas medidas es incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
Alerta por eventuales efectos sobre la PGU
El INDH también manifestó reparos respecto de las consecuencias que podrían recaer sobre beneficios sociales, entre ellos la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El organismo sostuvo que estas restricciones "no han sido justificadas de conformidad con los estándares del Comité DESC" y que "su impacto diferenciado sobre los sectores de menores recursos configura, además, una discriminación indirecta incompatible con el principio de igualdad y no discriminación".
El informe agrega que la medida "es especialmente grave porque afecta a adultos mayores y personas con discapacidad cuya única fuente de ingresos puede ser esa prestación", pudiendo incluso "comprometer condiciones mínimas de subsistencia y vida digna".
Preocupación por el impacto en adolescentes
Otro de los puntos destacados del informe es el efecto que podría tener el proyecto sobre adolescentes y jóvenes.
El organismo sostuvo que aplicar estas restricciones a menores de edad "resulta contradictorio con el principio del interés superior del niño y con la obligación estatal de promover activamente su reintegración social", ya que podrían afectar sus oportunidades educativas y su seguridad económica.
Asimismo, advirtió que el registro podría transformarse en una "pena informal de estigmatización social", cuyas consecuencias se extenderían incluso después del período formal de inscripción y "se impone sin evaluación judicial de su procedencia o proporcionalidad".
El informe, aprobado por el Consejo del INDH el pasado 5 de julio, concluye que varias disposiciones del proyecto requieren modificaciones para ajustarse a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
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