La Fiscalía de Punta Arenas abrió una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de un subsidio habitacional que benefició a Susan Chicuy Godoy, pareja y socia comercial del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme.
La denuncia fue presentada por el Serviu de Magallanes luego de detectar posibles inconsistencias en los antecedentes entregados para acceder al beneficio habitacional destinado destinado a las familias del 40% más vulnerable del país.
Los antecedentes del caso
De acuerdo con los antecedentes, Chicuy habría accedido al proyecto habitacional “Estepa Austral I”, pese a que no informó completamente su situación socioeconómica y familiar al momento de la postulación. Entre los puntos cuestionados está que no habría explicitado su vínculo con el parlamentario republicano, con quien mantiene sociedades comerciales y tiene hijos en común.
Se trata de al menos tres sociedades comerciales vigentes en la región: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.
Una de estas firmas registra contratos y convenios vigentes con organismos del Estado por un monto que supera los 1.096 millones de pesos entre los años 2007 y 2025.
La omisión de esos antecedentes habría influido en la evaluación social utilizada para asignar el subsidio, permitiendo que apareciera en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, categorías prioritarias para este tipo de beneficios estatales.
Las palabras del Ministro Poduje
El Ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Serviu Magallanes remitió los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado y que están trabajando en la revisión de cerca de tres mil casos por posibles irregularidades.
"La información que nosotros tenemos es que esa denuncia está hecha (...) Nosotros estamos en un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley". Finalizó indicando que "cada vivienda social que se ocupa de manera irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa".
La investigación por posible delito
A través de un oficio ordinario, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional. “Este servicio ha tomado conocimiento de antecedentes que podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”, señala el documento.
La fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, tomó el control de la causa penal y confirmó que comenzaron con las primeras diligencias para verificar el presunto fraude de subvenciones.
"Estamos recién comenzando la investigación (...) es un oficio que se remite a la Fiscalía donde se pueden dar a conocer antecedentes que puedieran no ser constitubtivos de delito y es eso lo que estamos dilucidando ahora", aseguró.
Por mientras, el diputado Alejandro Riquelme ha rechazado las acusaciones y cuestionó la filtración de antecedentes mientras se desarrolla la investigación. El parlamentario sostuvo en La Prensa Austral que “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”.
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