El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, salió a defender su honra tras su salida del Gobierno producto de un examen de drogas con resultado positivo. La exautoridad descartó de manera categórica el uso de sustancias e informó la realización de peritajes independientes para desestimar el informe institucional que derivó en su renuncia.
En conversación con Mesa Central, Rodríguez exhibió un análisis de pelo realizado por el laboratorio UC-Christus, cuyo resultado dio negativo para un periodo de cobertura de tres a seis meses hacia atrás. El peritaje se suma a una prueba de orina y a un test previo efectuado en abril.
Al ser consultado sobre la notificación inicial recibida por parte de la autoridad gubernamental, el exsubsecretario detalló la postura expresada en ese momento respecto del informe.
"Yo obviamente le transmití en el acto a él y a las personas con quien me tocó conversar del gobierno después que ese resultado es un error que yo no sé bien qué condujo a ese error", declaró la exautoridad.
La exautoridad argumentó que el informe cuestionado no concluye consumo y criticó que la empresa prestadora de servicios no transparentara las concentraciones exactas del estudio ni entregara los respaldos de la cadena de custodia.
Juan ¨Pablo Rodríguez evitó criticar al gobierno de José Antonio Kast
En relación con el estándar de probidad exigido por la administración del Presidente José Antonio Kast, la exautoridad respaldó la exigencia de no consumo de drogas para el ejercicio de cargos públicos, aclarando que su dimisión buscó no interferir en la gestión institucional.
"Yo comprendo la decisión del gobierno y considero que el gobierno en esta materia ha actuado bien", afirmó el exsubsecretario.
"Desde el día uno no dejo de dormir y soñar con esto. Espero despertar algún día de esta pesadilla", añadió el abogado.
Por último, Rodríguez solicitó formalmente la apertura de la contramuestra custodiada, solicitando que el material genético sea analizado de forma externa por una institución acreditada, al tiempo que evaluó acciones legales ante las declaraciones de parlamentarios en el marco de la tramitación de proyectos de ley.
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