La Junaeb respondió al diputado Diego Schalper (RN) que, en el marco de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó tres motivos por los que lo incriminan, entre los cuales salpica a la institución.
"Por permitir dos resoluciones exentas -sin toma de razón- que cambian contenidos de contratos millonarios. Además antecedidos por reunión por lobby que se refiere explícitamente al punto. Por permitir, como consecuencia, que un prestador reciba $3.500 millones por la entrega de 30 raciones el año 2022, y que dicho monto (para colmo) se aumente el 2023; y porque incumple la supervigilancia de la mínima probidad que le impone el Art.8 de la Constitución y el Art.5 LGE, que aplica respecto de Junaeb por art.1 inc. 4 de ley que la regula. Conocemos bien la Constitucion".
(3) que incumple la supervigilancia de la mínima probidad que le impone el Art.8 de la constitución y el Art.5 LGE, que aplica respecto de Junaeb por art.1 inc. 4 de ley que la regula. Conocemos bien la Constitucion. #QueNoGaneLaImpunidad pic.twitter.com/kmmm3vCehE
— Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) July 11, 2023
"Lo que usted señala no es correcto", aseveraron en la cuenta oficial de Twitter, donde también entregaron una serie de puntos que lo acreditarían.
"Según la resolución 7 de Contraloría General de la República (CGR), estos actos administrativos no requieren toma de razón", escribieron en primer lugar, agregando que "según el oficio 7.717, la CGR instruyó a Junaeb que cuando las bases de licitación cuentan con toma de razón, los contratos y sus modificaciones, no requieren toma de razón".
Diputado @Diego_Schalper, lo que usted señala no es correcto, no requieren ser tomados de razón por lo siguiente:
— Junaeb (@junaeb) July 12, 2023
(Abrimos hilo 1/5)
Dado que las bases de licitación fueron tomadas de razón "esas modificaciones no requieren toma de razón", explicaron.
Finalmente señalaron que, como institución, solicitaron una auditoría, siendo este el único proceso viable.