Por "abandono de deberes" fue suspendido el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, luego de que seis concejales presentaran un recurso en su contra.
La suspensión de la autoridad será por 30 días e implicará que recibirá el 50% de sus remuneraciones y no podrá hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.
La decisión fue determinada ayer martes por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tras considerar que el jefe comunal "faltó a su deber" pese a ser notificado de una serie de irregularidades en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval).
"Este Tribunal, conforme a la prueba aportada y apreciándola como jurado, tiene por acreditada la infracción ocurrida y, en su mérito, la falta de supervigilancia del alcalde respecto de la Corporación y de la Unidad de Control Municipal, de la entidad suficiente para configurar un abandono de deberes", se precisó en la sentencia del organismo.
Sin embargo, la justicia electoral consideró que los incumplimientos "carecen de la entidad suficiente para hacer procedente su destitución del cargo".
Más en detalle, la suspensión de Sharp fue motivada por las irregularidades detectadas en torno a las operaciones de dos establecimientos educacionales municipales: el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal.
Las razones detrás del "abandono de deberes"
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó, en base a la investigación y los aportes entregados por la Contraloría General de la República, que "en los establecimientos educacionales Liceo Técnico de Valparaíso y en el Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal se efectuaron actividades ajenas a la enseñanza técnica impartida en estos establecimientos educacionales".
Concretamente, la Contraloría observó que en ambos colegios existen "recursos faltantes por $6.662.282 Y $1.447.852, respectivamente".
A lo anterior se suma la detección del pago "improcedente" de $28.667.995 por concepto de "bono de producción" a 12 trabajadores del Liceo Técnico de Valparaíso, "con cargo a los recursos percibidos por ese establecimiento en el marco de la delegación de facultades prevista en el artículo 22 de la Ley N°19.410".
El máximo ente fiscalizador del país también evidenció que en los establecimientos se "rindieron diversos gastos con cargo a recursos percibidos 'alimentación' y 'eventos'", lo que implicó la compra de "bebidas alcohólicas", entre otras cosas.
El falló además menciona que un bus -propiedad de la Municipalidad de Valparaíso y que se encontraba bajo la tenencia del Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal-, se utilizó para "prestar servicios de traslado de alumnos pertenecientes a otros establecimientos municipales" y, por tal servicio, el "liceo cobraba un monto por concepto de arriendo a la corporación municipal, con lo que se generaban tanto ingresos como egresos por fuera del estatuto regulados".
En esa misma línea fue comprobado que los colegios "obtuvieron ingresos por el arriendo de sus salas de clases, canchas y patio" y que durante el 2017, "se emitieron boletas exentas por la venta de alimentos y la prestación de servicios de coctelería en el Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal, en circunstancias que tales actividades se encontraban gravadas con IVA".
Finalmente, se evidenció que "no rindió a la Superintendencia de Educación los ingresos propios percibidos por ambos liceos en 2017 y 2018, por $543.167.529 y gastos ejecutados con cargo a esos recursos, en el mismo periodo, por $434.191.526".